El rector de la Universidad Nacional de Salta, Mg. Miguel Martín Nina, presentó ante el Consejo Superior el Informe de Gestión 2025, un documento que expone el estado institucional, financiero, académico y administrativo de la Universidad durante los primeros meses de la actual gestión, acompañada por la vicerrectora Dra. María Rita Martearena.
El informe, elaborado en cumplimiento del Estatuto universitario, abarca el período iniciado en mayo de 2025 y detalla las principales acciones desarrolladas en un contexto de restricciones presupuestarias y desequilibrios estructurales.
Situación financiera y medidas iniciales
Uno de los aspectos centrales del informe es el diagnóstico de la situación económica al inicio de la gestión. Al momento de la asunción, la Universidad registraba un nivel crítico de liquidez, con disponibilidades en caja y bancos que ascendían a $370.721,35, lo que limitaba el funcionamiento operativo.
Asimismo, se identificó un déficit estructural en el Inciso 1 (Gastos en Personal) que alcanzaba los $3.085 millones proyectados para 2025, afectando la sostenibilidad financiera institucional.
En este marco, se adoptaron medidas excepcionales para garantizar el pago de salarios, incluyendo transferencias internas de fondos y la utilización de instrumentos financieros disponibles.
Causas del desfinanciamiento
El informe señala que el desequilibrio responde a factores acumulados desde años anteriores, entre los que se destacan:
- Falta de tramitación y rendición de convenios programas.
- Pérdida de financiamiento externo para cargos docentes y nodocentes.
- Cargos académicos sin respaldo presupuestario.
Se detallan casos específicos como el de la carrera de Medicina y distintas tecnicaturas, cuyos cargos fueron sostenidos con recursos propios ante la falta de financiamiento nacional.
Regularización institucional y presupuesto
Entre los avances institucionales, se destaca la aprobación de los Presupuestos 2025 y 2026, luego de un período de dos años sin este instrumento, mediante resoluciones del Consejo Superior.
El documento también expone procesos de ordenamiento administrativo, regularización de contratos y revisión de circuitos de gestión, en un contexto de alta dependencia de modalidades contractuales y expedientes pendientes.
Funcionamiento del Consejo Superior
El Consejo Superior tuvo un rol central en el período analizado, con un alto volumen de decisiones institucionales, alcanzando la Resolución Nº 587/2025.
Las resoluciones abarcaron aspectos presupuestarios, normativos, académicos y administrativos, constituyéndose en el principal órgano de respaldo de las políticas de gestión.
Políticas institucionales y ejes de gestión
El informe identifica líneas de acción transversales desarrolladas durante el período, entre ellas:
- Transparencia y control administrativo, con la implementación del Portal de Transparencia Institucional.
- Políticas de género, incluyendo la creación de un área específica y la incorporación de la licencia por violencia de género.
- Gestión ambiental, con el programa “UNSa Sustentable” y acciones de tratamiento de residuos.
- Seguridad e higiene laboral, con implementación de protocolos y mejoras en infraestructura.
Rendición de cuentas y transparencia
En materia administrativa, se identificó un volumen significativo de fondos con rendiciones pendientes, lo que derivó en un proceso de regularización y fortalecimiento de los mecanismos de control.
En este contexto, se puso en funcionamiento el Portal de Transparencia Institucional, orientado a centralizar y garantizar el acceso público a la información universitaria.
Proyección institucional
El informe concluye que, al cierre del período, la Universidad logró recuperar niveles básicos de previsibilidad institucional, con el déficit explicitado y en proceso de administración.
No obstante, se advierte la persistencia de problemas estructurales de financiamiento, particularmente vinculados a cargos y programas, que continúan condicionando el desarrollo del ejercicio 2026.
En este marco, el documento establece como eje la continuidad del proceso de ordenamiento, regularización y planificación, en línea con los objetivos definidos en el Plan de Gestión 2025–2028.
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