El investigador de la Universidad Nacional de Salta, Cristian Venencia, analiza las transformaciones del territorio rural a partir del estudio de grandes transacciones de tierras. Los datos muestran que la mayoría de los inversores son nacionales, pero advierte que el debate no debería centrarse únicamente en la extranjerización: también es necesario observar para qué se utiliza el suelo, cómo se transforma el territorio y qué consecuencias tiene sobre las comunidades locales.
La discusión sobre la propiedad de la tierra suele concentrarse en una pregunta: ¿quiénes son sus propietarios? Sin embargo, para comprender las transformaciones territoriales que atraviesan Salta y particularmente el Chaco salteño, esa mirada resulta insuficiente. Para Cristian Venencia, doctor en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, profesional adscripto de la cátedra de Sociología Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa e integrante del Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO-UNSa), es necesario incorporar otra pregunta: ¿para qué se utiliza la tierra y qué efectos produce ese uso sobre quienes habitan el territorio?
Venencia forma parte del Equipo Técnico Regional de Carga de Datos y Análisis de Land Matrix LAC, una iniciativa que registra y analiza grandes transacciones de tierras a nivel mundial. En el caso argentino, la investigación permite observar que el fenómeno no puede explicarse solamente a partir de la participación de capitales extranjeros.
“Nuestros datos muestran que en Argentina el 67% de los inversores son nacionales y en el Chaco salteño el 64%”, explica el investigador. Estos datos permiten complejizar el debate sobre la extranjerización y diferenciarla de un fenómeno más amplio: el acaparamiento de tierras, que contempla no solamente quién adquiere una superficie, sino también la concentración, los cambios en el uso del suelo y los conflictos que pueden generarse en los territorios.
Más allá de la extranjerización
La legislación argentina estableció límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Venencia señala que la denominada Ley de Tierras, Ley 26.737, fijaba un límite del 15% a nivel nacional y provincial para la titularidad extranjera, además de contemplar restricciones vinculadas con zonas de frontera y determinados recursos naturales.
Sin embargo, el investigador plantea que observar únicamente la nacionalidad de quienes adquieren las tierras puede dejar fuera otras dimensiones relevantes. “Si bien es importante el tema de la extranjerización, también es importante el para qué se usa el suelo”, sostiene.
En ese sentido, las grandes transacciones registradas por Land Matrix permiten analizar procesos que involucran superficies superiores a las 200 hectáreas, iniciados a partir del año 2000 y que implican un potencial cambio de uso del suelo. En Argentina y América Latina, explica Venencia, esos cambios están vinculados principalmente con actividades agropecuarias, como la producción de soja y la ganadería, aunque también pueden relacionarse con actividades mineras.
El concepto de acaparamiento de tierras incorpora además otras variables: la concentración de superficies en manos de determinados actores, las desigualdades entre grandes y pequeños propietarios y los conflictos por el acceso y el uso del territorio entre inversores y comunidades locales, sean indígenas, campesinas o pequeños productores.
“No importa tanto el tipo de nacionalidad, sino más bien para qué se usa y si eso trae consecuencias sobre los otros actores del territorio”, resume.
General Pizarro: un caso para mirar el territorio
Uno de los ejemplos que permite comprender estas transformaciones en Salta es el de la Reserva de General Pizarro. Venencia recuerda que los lotes 32 y 33 eran tierras fiscales pertenecientes a la provincia que fueron desafectadas como reserva provincial para posteriormente ser destinadas a la agricultura.
El proceso derivó en una intervención del Estado Nacional, que adquirió cerca de 8000 hectáreas que actualmente conforman la Reserva Nacional o Área Protegida Nacional General Pizarro. Otras superficies, en cambio, quedaron destinadas a actividades agrícolas.
Para el investigador, el caso permite observar que las discusiones sobre la propiedad rural están estrechamente relacionadas con las decisiones sobre el destino de los territorios y sus recursos.
En este marco, la producción de información se vuelve una herramienta central. Desde la Universidad, Venencia participa del trabajo de Land Matrix, que construye una base de datos de acceso público a partir de contratos de compra y venta, arrendamientos, concesiones, información periodística, informes de organizaciones y documentación empresarial, entre otras fuentes.
El objetivo es identificar y analizar grandes transacciones que pueden no aparecer de la misma manera en las estadísticas oficiales y generar información que permita comprender las transformaciones territoriales.
Tierra, comunidades y desarrollo
Una de las dimensiones que más preocupa al investigador es el impacto de estos procesos sobre las comunidades indígenas y las familias criollas del Chaco salteño. Venencia explica que muchos pequeños productores y comunidades habitan territorios sobre los que no cuentan con títulos de propiedad, situación que puede colocarlos en una posición de mayor vulnerabilidad frente a procesos de desalojo y a la presión de actividades productivas y extractivas.
“La principal consecuencia de los conflictos por parte de comunidades indígenas y pequeños productores es la falta de una tenencia de la tierra segura para este tipo de comunidades”, señala.
Desde esta perspectiva, el problema no se limita a la concentración de la tierra, sino que también involucra la posibilidad de que quienes históricamente habitan esos territorios puedan continuar desarrollando sus formas de vida y actividades productivas.
Venencia también vincula este escenario con la expansión de la agricultura y la ganadería en el Chaco salteño desde comienzos de los años 2000, particularmente a partir de la incorporación de la soja transgénica. Según plantea, durante este período se sostuvo una expectativa de desarrollo económico para la región que, desde su perspectiva, todavía no se habría consolidado en las condiciones de vida de parte de sus comunidades.
“Sigue habiendo comunidades que están bajo la línea de pobreza, niños desnutridos en comunidades indígenas, entonces como que ese desarrollo todavía no llegó”, sostiene.
Frente a este escenario, el investigador destaca el papel de la Universidad y del sistema científico en la generación de información y conocimiento sobre las transformaciones del territorio. Para Venencia, hacer visible esta problemática permite incorporar al debate dimensiones que exceden la propiedad de la tierra y poner en discusión cómo se configuran los territorios, quiénes pueden habitarlos y producir en ellos y cuáles son las consecuencias sociales y ambientales de los distintos modelos de uso del suelo.
Desde la UNSa, el estudio de estas dinámicas aporta herramientas para comprender una problemática que atraviesa el presente y el futuro de la provincia: no solamente quién tiene la tierra, sino qué se hace con ella y qué lugar ocupan en ese territorio las comunidades que lo habitan.
Contacto:
- Cristian Venencia 3876051849
