Como autoridades de la Universidad pública de la provincia de Salta, le expresaron al mandatario la crítica situación que están atravesando las universidades ante el fuerte ajuste en términos reales en varios aspectos que hacen al normal funcionamiento de las instituciones. 

Entre ellos está la situación salarial de las y los trabajadores de las universidades. Cabe destacar que más del 90 % de lo que el Estado invierte en la educación superior se destina al pago de salarios de quienes trabajan como docentes y nodocentes. En estos últimos meses, el salario de las trabajadoras y los trabajadores ha perdido 50% respecto de la inflación, lo que significó un fuerte deterioro salarial. 

También están los denominados gastos de funcionamiento, que son las partidas que mes a mes el Poder Ejecutivo envía a las universidades para que puedan funcionar y que hoy, se mantienen a niveles por debajo de la inflación. Dichos gastos son destinados para mantener edificios,  residencias y comedores, incentivar el desarrollo científico, financiar hospitales, laboratorios y proyectos de investigación, y pagar servicios básicos, alquileres, seguros y la protección de sus sedes. 

Además, Hoyos remarcó que las obras del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, que habilitaban la posibilidad de desarrollar infraestructura incorporando obras que, por su envergadura, es imposible afrontar con propio presupuesto, se encuentran paralizadas y no hay certezas ni información respecto de su continuidad. Asimismo se hizo referencia al recorte que se dio a las políticas de becas, principalmente al retraso respecto de la inflación que sufren las Becas Progresar y Manuel Belgrano; dado que hoy las universidades carecen del presupuesto suficiente para sostener becas propias. 

Las autoridades de la UNSa, también hicieron referencia a los sectores científico-tecnológicos y de investigación nacionales que atraviesan uno de los momentos más críticos de su historia. Por lo que remarcaron que el desfinanciamiento de la universidad y del sistema científico va en desmedro de los declamados objetivos de lograr el crecimiento económico de un país. La universidad pública de Salta tiene 6 institutos de doble dependencia con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), además de otros institutos propia de la Universidad. Hoyos aseguró que resulta imprescindible la defensa del sistema científico argentino para reflexionar, desarrollar y brindar soluciones situadas a cada una de las jurisdicciones. 

Ante ello, el Rector Daniel Hoyos expresó que la educación es un derecho humano fundamental ya que permite acortar las brechas de desigualdad históricas, por lo que afirmó que resulta sumamente importante defender esta concepción. Por eso manifestó que es necesario que todos los sectores de la sociedad junto a las jurisdicciones provinciales deben acompañar el reclamo de la actualización de los presupuestos. Tal como quedó demostrado con la Marcha Federal Universitaria, realizada en todo el país el 23 de abril, y que en Salta reunió a  más de 20 mil personas. 

Por su parte, el gobernador Gustavo Sáenz, expresó su preocupación y apoyo a dichos reclamos, que “son los mismos de la Provincia”, afirmando además que “la educación y la salud pública no se negocian”. En ese sentido, le transmitió su compromiso inclaudicable con la educación pública y el financiamiento de la UNSa. “Siempre defendiendo Salta, sin oportunismo político y con la firme convicción de que la educación es el futuro”, manifestó. La autoridad de la UNSa agradeció el compromiso de parte del gobernador y todo el gabinete del Ejecutivo provincial. 

Las autoridades abordaron las asimetrías existentes, donde el presupuesto asignado no se realiza necesariamente en base a criterios objetivos de distribución como la cantidad de alumnos, docentes o carreras. En este sentido, el Daniel Hoyos especificó que la UNSa “está entre las 10 universidades más grandes del país, pero ranqueada en el puesto 22 en cuanto a presupuesto”.

De la reunión también participaron los ministros de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore; y el de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada. Además del Diputado Nacional, Pablo Outes.