Una Mesa en Defensa de la Universidad Pública

Este último martes 17, en la Universidad Nacional de Salta se conformó una Mesa en Defensa de la Universidad Pública, a propósito de la reciente sanción de la Ley de Financiamiento Universitario. El espacio fue impulsado por la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNSa (ADIUNSa) y la Asociación de Personal de la UNSa (APUNSa), que convocaron a las principales autoridades y representantes de Rectorado, las Facultades, las Sedes Regionales, el Instituto de Educación Media (IEM), los Centros de Estudiantes y agrupaciones estudiantiles. Las y los presentes coincidieron en la importancia de la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, de cara a lo que será la Segunda Marcha Federal Universitaria.

Es por eso que el conjunto de asistentes definió acciones en favor de la inmediata aplicación de la Ley, y de cara a la Segunda Marcha Federal Universitaria, propuesta para el 2 de octubre. La Ley tuvo su aprobación el 12 de septiembre en la Cámara de Senadores de la Nación, con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención. La Cámara de Diputados de la Nación ya le había otorgado su media sanción el pasado 15 de agosto, con 143 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención. Tras su aprobación, el Presidente Javier Milei adelantó un veto a la norma.

La nueva norma tiene como objetivo principal garantizar un mayor presupuesto para las universidades públicas nacionales y mejorar los salarios de docentes y nodocentes. Propone declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el año 2024, con el objetivo de “atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales”.

Para los gastos de funcionamiento, la iniciativa propone actualizar las partidas del Presupuesto 2023 (prorrogado por el Gobierno de Javier Milei) según la inflación acumulada ese año (del 211,4%) y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año. La norma implicaría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

En ese marco, un reciente informe de las Universidades Nacionales de Río Negro y San Martín reveló que más del 85% de los docentes y el 60% de los nodocentes en universidades están por debajo de la línea de pobreza. Entre diciembre de 2023 y julio de 2024, los salarios perdieron un 33,3% de poder adquisitivo, mientras que la inflación fue del 134,5% y la recomposición salarial sólo del 56,9%.

Ambas autoridades gremiales pusieron en conocimiento a las y los presentes que este último lunes ingresaron una nota al rector de la UNSa, Ing. Daniel Hoyos, donde pidieron por una reunión junto a los y las diputados/as y senadores/as nacionales de la provincia de Salta. El fin es requerirles un pronunciamiento público solicitando al Poder Ejecutivo Nacional la urgente promulgación y reglamentación de la Ley de Financiamiento Universitario. En caso de darse un veto presidencial, ya anunciado por el presidente Javier Milei, solicitarles a los legisladores nacionales que garanticen el respeto y cumplimiento de lo resuelto por el Poder Legislativo.

Las voces

El Secretario General de ADIUNSa, Prof. Diego Maita, aseguró que esperan que “los legisladores salteños continúen con su acompañamiento a esta Ley; queremos que sostengan ese apoyo ante el anuncio de veto. Exhortamos a los legisladores que sostengan el apoyo, le pedimos la presencia en las sesiones contra el veto y que no se abstengan a la hora de votar porque ambas acciones le hacen el juego al oficialismo».

Es por eso que agradeció la presencia de los distintos claustros pues afirmó que la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario resulta vital ya que genera una recomposición salarial a las y los trabajadores, además de actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión.

Mientras que la Secretaria General de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Salta (APUNSa), Lic. Stella Mimessi, destacó la necesidad de trabajar como una gran comunidad universitaria de Salta, por lo que agradeció la presencia física y virtual de las distintas autoridades de las Facultades y Sede del interior. “Hoy definimos acciones conjuntas a favor de la Ley y, en el marco de la Segunda Marcha Federal Universitaria” dispuesta para las próximas semanas, expresó.

Mimessi aseguró que la aplicación de esta ley resulta “muy importante”, no sólo porque se garantiza el financiamiento de las universidades, actualizando las partidas presupuestarias de acuerdo a los índices del INDEC y, en igual sentido, el salario de los trabajadores y las trabajadoras docentes y no docentes, sino porque también se presenta como una “reparación del salario de los trabajadores y las trabajadoras del sistema universitario a diciembre de 2023”.

Informó que desde la entidad sindical, en alianza con el resto de las jurisdicciones, vienen llevando una serie de medidas de lucha desde enero a esta parte, justamente porque “uno de los inconvenientes que tenemos es que no tenemos apertura de paritarias libres y, por lo tanto, nos imponen los incrementos salariales por decreto que no se ajustan para nada a la situación inflacionaria del contexto”. Entonces, precisó que este proyecto de ley “viene a reforzar esta cuestión y sería muy importante que pudiera tener la aprobación en el Senado el día jueves”.

Para el Rector de la Universidad Nacional de Salta, Ing. Daniel Hoyos, existe un deterioro en los salarios que van entre el 50 y 70 por ciento en lo que va de los 9 meses del Gobierno actual. «Es una barbaridad, pero no se trata solo de salarios. Cuando el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) se reunió con las autoridades de Nación, luego de la primera marcha universitaria, acordamos 5 puntos que ellos nos garantizaban: gastos de funcionamiento, salarios, becas, ciencia y tecnología y las obras que faltaban. De esos 5 puntos sólo cumplieron a medias el primer punto; del resto nada. Es por eso que digo que estamos en un punto en donde estamos definiendo el futuro de la Argentina y es por eso que esta Mesa busca que todos los sectores de la comunidad universitaria estén representados», cuestionó Hoyos.

En tanto, el Vicerrector, Cr Nicolás Innamorato, aseguró que “la situación financiera de las universidades nacionales están más desestabilizadas que nunca”. Sostuvo que desde la gestión, en conjunto con el resto de las universidades públicas, la Ley de Financiamiento Universitario permitirá “tener una banda de flotación financiera como para que transcurra el 2025 con las actividades normales que hacen las universidades. Hoy ante la posibilidad de veto realmente estamos muy preocupados, es una situación muy delicada”, describió el vicerrector.

El Vicerrector también hizo hincapié en la preocupación que tienen las autoridades de las universidades públicas respecto al presupuesto 2025. En ese sentido detalló que para la UNSa existirá un déficit importante sobre todo por no contemplarse la actualización de salarios para las personas que trabajan en las casas de estudios, lo que representa un atraso del 70 % de sus ingresos para inicios del año que viene.

Las distintas autoridades de Rectorado, de Decanato, de las distintas Facultades, del IEM, y de los Centros de Estudiantes y agrupaciones estudiantiles, coincidieron en la urgencia de acordar acciones a favor de la defensa de la Universidad Pública, sobre todo, ante los recortes ya dispuestos por el Ejecutivo Nacional. Se definió realizar distintas actividades al interior de la Universidad y en las inmediaciones del centro salteño, bajo la consigna “Por la Ley de Financiamiento Universitario #NoAlVeto”.