En ese sentido, afirmaron que «la situación salarial es crítica» puesto que existe una falta de actualización de los salarios de docentes investigadores, lo que afecta directamente a quienes participan en actividades de producción de nuevo conocimiento. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el 60 % de las personas que hacen ciencia en Argentina trabajan dentro de las universidades nacionales. «Se trata de profesionales que, con mucho esfuerzo y apoyo del Estado, han construido trayectorias de excelencia reconocidas tanto a nivel nacional como internacional», manifestaron. 

También, sostuvieron que el sistema de becas para el sistema científico-tecnológico se encuentra gravemente comprometido; las obras de infraestructura que se planificaron para resolver demandas del sistema universitario nacional se encuentran detenidas y, en muchos casos, están generando serios perjuicios a las instituciones; las distintas políticas de financiamiento destinadas a la adquisición de equipamiento e insumos básicos necesarios para investigar están siendo desarticuladas, generando serias dificultades para mantener el funcionamiento de las líneas de investigación. 

Además, los convenios con múltiples editoriales internacionales, fundamentales para el funcionamiento de la Biblioteca Electrónica, han sido discontinuados por el gobierno nacional, interrumpiendo el acceso a publicaciones internacionales claves para la investigación en las fronteras del conocimiento. Y agregaron: «A esta situación crítica se suma que, en estos primeros ocho meses de gestión, el gobierno nacional no ha financiado ningún proyecto nuevo ni ha formulado convocatorias que apoyen o fomenten la investigación». 

Por todo ello, concluyeron que es necesario «velar por el sostenimiento de la política científica de nuestro país que, de no mediar un cambio trascendental de las políticas del gobierno nacional, se encamina a experimentar un proceso de deterioro sin precedentes, lo que impactará directamente en la soberanía y el desarrollo nacional». Por lo que instaron a que todas las agencias del Gobierno nacional cumplan con las leyes vigentes, reviertan estas decisiones y prioricen el apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación, que son pilares fundamentales para el desarrollo del país.