Hablar sobre los desafíos de la investigación en nuestra región amerita su enmarcamiento en un diagnóstico del campo universitario actual, signado por las luchas por el incremento del presupuesto de nuestras instituciones. En ese sentido quiero recuperar la voz del Consejo Interuniversitario Nacional que alentó la última gran marcha universitaria nacional. En el documento que lleva por título La universidad pública: base de la democracia y el desarrollo social, luego de la caracterización de la gravedad de la situación que atravesamos, puede leerse lo siguiente:

Por otra parte, los sectores científico-tecnológicos y de investigación nacionales atraviesan uno de los momentos más críticos de su historia. A través de las universidades y centros de investigación distribuidos federalmente, la Argentina se ha caracterizado por ser una referencia de ciencia y tecnología en el mundo entero, dotando de desarrollos de punta y profesionales de excelencia al sector público y privado. Nuestras científicas y científicos son desprestigiados respecto de la calidad de sus trabajos, cuestionados respecto del valor que la ciencia y la tecnología tienen para el desarrollo nacional y privados del reconocimiento que poseen sus arduas labores, muchas veces de dedicación exclusiva. (…) La ciencia y tecnología son aspectos sustanciales para la producción de soberanía, desarrollo y progreso. “Un país que no invierte en ciencia renuncia a su soberanía”.

Creo que en la síntesis que brinda la última frase, se encuentran las resonancias de las expresiones de Bernardo Houssay en su Discurso en el homenaje por su Doctorado Honoris causa de la Universidad de Oxford, 20 septiembre 1947:

“El cultivo de la investigación es, en los tiempos modernos, el índice más seguro del grado de civilización y del porvenir de un país. La ayuda a la investigación es una necesidad y al mismo tiempo una de las formas más nobles y elevadas de acción social benéfica de jerarquía superior.  … El sueño de los jóvenes más progresistas de nuestro país es la organización de una Universidad privada y autónoma, y es de desear que ese anhelo se cumpla pronto. Pero para alcanzar lo que se espera de ella, deberá ser una Universidad diferente y mejor que las actuales y no inferior o igual a ellas”.

El volver sobre las palabras de nuestro premio Nobel, no pretende buscar una legitimación en la tradición, sino más bien indicar el inicio de un recorrido sobre la problemática de la investigación que se entrelaza con las distintas formas de reivindicar la libertad a lo largo de nuestra historia reciente.

Para Houssay, una universidad de investigación era una universidad libre. Y esa concepción la acuñó, en gran medida, en el diálogo que mantuvo con Walter Bradford Cannon y el influjo de Michael Polanyi, que fueron dos grandes figuras del liberalismo científico. Ambos sostenían que la libertad científica requería de la inversión del Estado; Polanyi lo hizo incluso en los debates más tempranos que forjaron al neoliberalismo en Europa, mediando entre Hayek y Keynes.

No resulta menor recuperar los planteos que problematizan tanto las formas de la libertad de investigación y sus tensiones con las planificaciones estatales, como las que analogan las libertades económicas a las libertades académicas. La no intervención estatal en el orden de la economía y en el de la investigación científica requería, a fin de que el ejercicio de las libertades produjese riqueza y verdad, que el rol del Estado fuese constructivo, que interviniese en favor de los mercados tanto como en beneficio del desarrollo del sistema científico. Esa experiencia de un liberalismo constructivo, como se lo ha llamado, se expresó en la ardua labor de Houssay en lo que ha sido la creación misma de los fundamentos de un importante segmento de las instituciones del campo de la investigación en nuestro país, el Conicet es la expresión más acabada de ello.

El sueño de la universidad privada y autónoma como encarnadura de la universidad de investigación fue relevado en parte por el sustituto de la creación de los Consejos de Investigación y por el desarrollo de estrategias de financiación que garantizaran la inversión pública en ciencia y tecnología.  

Aun cuando en importantes momentos de nuestra historia esa concepción idealizada de comunidad  de investigación recurriese al conservadurismo político para protegerse de los intensos vaivenes de la vida universitaria, es innegable que las derivas de la universidad de investigación, y sus transformaciones desde la tradición alemana hasta las universidades norteamericanas, se fueron entroncando con la creación de una serie de instituciones argentinas que, desde la Universidad de La Plata, con Joaquín V. González, hasta las que surgieron con el Plan Taquini, pasando por la universidad del Tucumán, concebida por Joaquín B. Terán, nacieron como “Nuevas universidades” orientadas a la investigación y al desarrollo regional.

En un camino lleno de encrucijadas y retrocesos, la convergencia entre la investigación, la democratización universitaria, y las demandas de movilidad social ascendente a través de carreras profesionalistas, por parte de nuestras sociedades, aún marca nuestro presente como un desafío.

Sin menoscabo de ello, los liberalismos democráticos o autoritarios que hemos experimentado han sostenido una apuesta por la construcción de un campo de investigación nacional. Los incentivos a la investigación universitaria, la creación de organismos para su regulación, y las políticas de financiamiento contenían un concepto de Estado presente.

Nada exime a nuestra memoria política de marcar las profundas diferencias entre los gobiernos democráticos y los autoritarios, sin embargo, nuestra actualidad está signada por la emergencia de una forma de reivindicación de la libertad que en su expresión anarcocapitalista da cuenta de una enorme singularidad.

Bajo una fobia al Estado, y la caracterización de lo público como un espacio teñido por la corrupción y el juego de los intereses individuales, vemos desplegar ante nuestros ojos un modo de ser gobernados que restringe el rol del Estado a las formas coercitivas y a lo que se considera como extractivismo impositivo. Podemos afirmar que estamos ante una cancelación de la clásica distinción establecida por Amílcar Herrera entre Políticas de Ciencia y Técnica explícitas e implícitas, es decir entre lo que se afirma como proyecto político y lo que efectivamente se lleva a cabo por parte de la gestión de gobierno.

Todo ello puede ser visibilizado en el análisis presupuestario de Ciencia y Tecnología realizado por el Centro Iberoamericano de investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI) de principios de junio, cuando sostenía que:

En los primeros cinco meses del año la ejecución de la Función CyT cae en términos reales en un 24.2% en comparación con los primeros cinco meses de 2023, y el crédito vigente desciende para el grueso de los organismos de ciencia y tecnología en el orden del 42 % real… siendo las UUNN las más afectadas, con una caída por encima del 87% real respecto de 2023.

Estos indicadores son los que marcan nuestros más importantes desafíos, porque no se desprenden sólo de la crisis económica actual, sino de una racionalidad económica de gobierno basada en el anarquismo de propiedad privada, que reduce el lazo social a las formas contractuales entre individuos, cuya concepción de la libertad no depara para lo público más que la promesa de su disolución.