Cada 10 de diciembre conmemoramos un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un hito en la historia mundial en la lucha por la ampliación de derechos, igualdades y libertades. El mismo día recordamos en Argentina el inicio, en 1983, de un nuevo periodo presidencial de autoridades elegidas democráticamente por el voto ciudadano, en elecciones libres y abiertas. Ambas construcciones, democracia y derechos humanos, mantienen una relación necesaria: a mayor calidad institucional, participación ciudadana e intensidad democrática sigue un proceso de apertura, reconocimiento y consolidación de libertades y derechos fundamentales.  

Recordemos que en sus orígenes frente a los atropellos y violaciones sufridos por la población civil por parte de los Estados especialmente en ocasión de la Segunda Guerra Mundial, los derechos humanos son pensados y consensuados a nivel internacional como un límite, un freno al Estado, una barrera que no pueden pasar y debe ser común en todo el mundo. Se diseña así un sistema de protección a nivel internacional que garantiza a todas las personas, por el solo hecho de haber nacido como tales, un mínimo de derechos que no puedan ser vulnerados por ningún Estado.

Nada de esto hubiera sido posible si no hubieran confluido en este momento histórico diferentes procesos de lucha por el reconocimiento y protección de la dignidad humana. 

Por décadas, Argentina fue modelo de relación virtuosa entre democracia y derechos humanos. Fue el país que lideró a nivel mundial la investigación, juzgamiento y condenas a militares responsables por crímenes de lesa humanidad en tribunales civiles, en gran medida con el apoyo previo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y su informe NUNCA MAS. Se considera imprescindible el avance en los procesos judiciales  contra militares y civiles colaboracionistas como condición necesaria para la reconstitución ética y sostenimiento de la democracia naciente. 

Más adelante vendría un periodo de impunidad, representado por las leyes de obediencia debida, punto final y los indultos. Pero al mismo tiempo la aparición de nuevas formas de resistencia, el surgimiento de HIJOS, la profundización en la búsqueda de los/as nietos/as, los juicios de la Verdad. Luego, nuevas demandas de justicia por la sustracción de bebés en el marco de un plan sistemático. 

Finalmente, se reencauzaron los procesos de derechos humanos con la derogación de las leyes de impunidad en 2003, su declaración de inconstitucionalidad en 2004 y la reapertura de los juicios. A la fecha se encuentran 15 juicios orales abiertos, 354 juicios con sentencia y 1232 represores condenados (a otros los benefició la impunidad biológica). Los juicios por crímenes de lesa humanidad históricamente analizaron las responsabilidades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad por secuestros, desapariciones forzadas, ejecuciones, torturas, las apropiaciones de menores, violencia sexual, delitos por motivación económica, inteligencia y complicidades civiles.

La democracia permitió a su vez avanzar en el campo de la igualdad. Basta señalar que hasta 1985 había diferencias jurídicas por la condición de hijos, categorías entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales (o naturales, ilegítimos). Recién entonces se elimina cualquier tipo de distinción y se equiparan a todos los hijos e hijas, independientemente del vínculo existente entre sus progenitores. Y al mismo tiempo declara la patria potestad conjunta y compartida, hasta entonces en cabeza del padre, prioritariamente. 

También es la democracia la que garantiza los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales, la que demandó que se reconozca en la Constitución Nacional el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano; los derechos de consumidores y usuarios; la posibilidad de contar con recursos como el amparo para el caso de violaciones a derechos constitucionales; el habeas corpus cuando esté en riesgo la vida, la libertad o la integridad de las personas; y el habeas data para tomar conocimiento de la información en cualquier registro o banco de datos. Y la que reconoció la preexistencia de los pueblos indígenas en Argentina, los derechos colectivos a la tierra, la que asegura el respeto a la identidad, a la educación intercultural bilingüe, a la autodeterminación, a la consulta previa, libre e informada.   

Y la que fue construyendo un marco jurídico que incorpora al mismo nivel que la Constitución los principales tratados de derechos humanos. 

Con este impulso, durante los últimos 20 años se produjo un proceso de expansión de derechos laborales, sociales, culturales, de género y reconocimiento de la diversidad. Muchos de estos reconocimientos, plasmados en leyes, se consideran vanguardia en la región, por ejemplo la ley de Matrimonio Igualitario, la Asignación Universal por Hijo, el nuevo Estatuto del Peón Rural, el Régimen Laboral de Empleadas Domésticas o de casas particulares, la Ley de Medios o de Servicios de Comunicación, la Ley de Identidad de Género, la Ley de Cupo Laboral Trans o de Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgéneros «Diana Sacayán-Lohana Berkins” y la Ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo.

Con el nuevo gobierno libertario estos avances tambalean y en algunos casos caen. Cada día se producen nuevas regresiones en políticas de memoria, verdad y justicia, antidiscriminación, género, diversidad, pueblos indígenas, ambiente, derechos económicos, sociales y culturales, prevención de la violencia institucional. 

Sin embargo, no todo está en sombras ni tan mal. La historia nos demuestra que los derechos no se conquistan de una vez y para siempre, pues los sectores del poder permanecen al asecho en miras a recuperar sus privilegios momentáneamente perdidos. Si entendemos a los derechos humanos como parte de las batallas para alcanzar los bienes materiales y simbólicos necesarios para una vida digna, recuperamos la esperanza y resignificamos los procesos de lucha por la vigencia, promoción y defensa de las conquistas colectivas en el nuevo contexto.