RESUMEN

 Se analiza la producción azucarera y se indaga la relación entre la patronal y los trabajadores sindicalizados de los ingenios de la provincia de Salta, entre los años 1943 y 1955.

 SUGAR AGROINDUSTRY AND UNIONS IN THE PROVINCE OF SALTA (1943-1955)

 Abstract:

 This work aims at analyzing sugar production and at the same time it inquires into the existing relationship between the managerial class and the sugar workers in the province of Salta, between 1943 and 1955.

 "AGROINDUSTRIA AZUCARERA Y SINDICATOS EN LA PROVINCIA DE SALTA  (1943 - 1955)"

 Introducción:

   La modernización experimentada por las agroindustrias azucareras del noroeste argentino se enmarca en el proceso de consolidación del Estado nacional junto al avance de las relaciones capitalistas de producción. Con el fin de cooptar el apoyo de las burguesías provinciales, el gobierno nacional aplicó políticas que protegieron los intereses de los propietarios de ingenios. Dichas políticas se materializaron en: la construcción de líneas férreas que permitieron colocar el azúcar en los mercados de mayor consumo, implementación de tarifas proteccionistas, regulación del mercado, control de la producción y créditos. Los distintos gobiernos que se sucedieron mantuvieron -con algunos altibajos- esa política proteccionista.

El gobierno militar surgido del golpe de Estado de 1943 y, posteriormente, el peronismo aplicaron medidas orientadas a continuar con el proceso industrializador iniciado en la década  de 1930. En ese contexto no fueron abandonadas las medidas proteccionistas que siempre habían beneficiado a los empresarios azucareros. Si bien el peronismo había articulado una alianza social con los trabajadores y la pequeña y mediana burguesía industrial, las tradicionales agroindustrias azucareras del interior del país siguieron contando con el apoyo del Estado.

El presente trabajo tiene como objetivos analizar  la producción azucarera e indagar sobre la relación entre la patronal y los trabajadores sindicalizados de los dos ingenios de la provincia de Salta, entre los años 1943 y 1955.

 Agroindustria azucarera en Salta (1943-1955)

En la provincia de Salta dos ingenios azucareros desarrollaban sus actividades desde tiempo atrás: el Ingenio "San Isidro" ubicado en la localidad de Campo Santo (Dpto. General Güemes), cuyos antecedentes se remontan al año 1760 con la hacienda de la familia Fernández Cornejo. En forma lenta esta hacienda experimentó su transformación en Ingenio. Sus propietarios constituyeron una de las familias tradicionales del lugar y sus miembros no desecharon ningún espacio de poder político y económico. A través de una de las estrategias propias de las redes familiares, como fueron las alianzas matrimoniales, lograron conservar sus posesiones transmitiendo la herencia tanto de tierras y negocios como el "status" social del que fueron poseedoras. Emparentándose con miembros de los grupos dominantes de la provincia o con fuertes comerciantes que inyectaron capitales a la por momentos débil empresa; en ocasiones fue arrendada y hasta vendida con el privilegio que otorgaba el pacto de "retroventa". Así pudo sostenerse por largo tiempo, aunque su razón social fue experimentando diversos cambios1, en 1945 se constituyó como "Ingenio San Isidro. Sociedad de Responsabilidad Limitada"2  y en 1954 pasó a denominarse "San Isidro. Sociedad Anónima". Uno de sus dueños fue el primer gobernador peronista, de origen radical, Dr. Lucio Alfredo Cornejo Linares (1946-1949)3.

La fundación en 1918 del otro Ingenio salteño, "San Martín del Tabacal" (Dpto. Orán) se concretó en un marco muy favorable. Entre esos factores se pueden mencionar: la crítica situación en la década de 1910 para la agroindustria azucarera tucumana por la crisis biológica de la caña criolla; conflictos en la misma provincia entre industriales y cañeros; la falta de azúcar para cubrir las necesidades nacionales y los altos precios; la debilidad de la economía salteña basada prácticamente en el comercio ganadero y cuyas fluctuaciones generaban permanentes crisis; tierras aptas para la caña de azúcar; ferrocarril construido hasta las propiedades adquiridas; una serie de leyes propicias; la acción favorable del Estado provincial y el capital económico y político acumulado por el principal miembro de la familia Patrón Costas brindaron las condiciones adecuadas para que el Dr. Robustiano Patrón Costas, en su faceta económica, se convirtiera de administrador de la curtiembre familiar "El Paraíso" en empresario azucarero. Así, con capitales locales y extraprovinciales se constituyó la sociedad comercial y colectiva "Patrón Costas, Bercetche y Mosoteguy" en un contexto con grandes posibilidades para cubrir un amplio mercado: local y nacional . Empresario industrial y miembro de los sectores dominantes salteños siguió su ascendente carrera política hasta llegar a tener una fuerte gravitación en el centro de las decisiones políticas4. En 1943 se transformó en Sociedad Anónima, denominándose "Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal". Esta evolución de la razón social fue característica de los ingenios del noroeste argentino, al incorporarse nuevos capitales y socios.

Cabe señalar que en 1916 durante la gobernación del Dr. Robustiano Patrón Costas (1913-1916) se construyeron 20 kilómetros de vías férreas que faltaban desde la localidad de Pichanal hasta Orán, llegando hasta las puertas del Ingenio y, en la gestión del Dr. Abraham Cornejo Peralta (1916-1918), se sancionó en 1918, la ley Nº 999 que eximía de todo impuesto municipal y fiscal por el término de cinco años a los ingenios azucareros que se establecieran en la provincia. Medida dictada especialmente para favorecer al nuevo establecimiento, también comprendía al Ingenio "San Isidro", porque uno de sus artículos exceptuaba del impuesto de patentes a los ya instalados en la provincia por igual período. Esta ley claro producto del control político de las familias propietarias beneficiaba a los Cornejo y a los Patrón Costas, a su vez parientes políticos5.

Años posteriores la solidaridad entre las familias azucareras volvió a manifestarse. En 1943 la Sociedad Colectiva "Patrón Costas y Mosoteguy" vendió a la Sociedad Anónima "Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal" todo su activo y pasivo; en realidad esta nueva sociedad estaba constituida por los mismos dueños. La transferencia fue realizada con irregularidades ya que no pagaron impuestos adeudados. Durante la gestión del Interventor Federal Arturo Fassio (1944-1945), se había presentado la denuncia del caso y en esa oportunidad el fiscal de Estado era el Dr. Lucio Alfredo Cornejo Linares, quien no procedió porque adujo que dicho trámite correspondía a la justicia federal. Ya siendo gobernador se insistió en la investigación, pero no se obtuvo respuesta favorable, por lo que el Estado se vio perjudicado en varios millones de pesos6.

A partir de 1946 con el peronismo en el poder, dice Girbal-Blacha, la apuesta a favor de la industria se intensificó y fue más allá del proceso de sustitución de importaciones, hasta constituir uno de los objetivos centrales del primer Plan Quinquenal de 1947. Así se iniciaba "una nueva era. La era industrial", que incluía las agroindustrias tradicionales7. El Estado planificador y dirigista debió sustentar esta economía en la expansión del consumo masivo de los sectores populares, lo que exigió, a la vez, la adopción de ingresos fuertemente distribucionistas.

    Los agroindustriales azucareros se beneficiaron con importantes préstamos otorgados sobre todo por el Banco de la Nación Argentina y el Banco de Crédito Industrial Argentino y cuyos fondos se destinaron a la modernización y expansión de plantas industriales como también al pago de sueldos, jornales, vacaciones y deudas previsionales e impositivas. Asimismo, fueron empleados en la reposición de plantaciones de caña  afectadas por  plagas. A la política crediticia se sumaron las tarifas proteccionistas, indispensables para su supervivencia. Los empresarios del azúcar, nucleados en el "Centro Azucarero Argentino", sostenían que debían ser atendidos por el Estado, ya que consideraban a sus actividades como una cuestión regional de implicancia y responsabilidad nacional8.

    Por su parte el Fondo Regulador Azucarero, creado en 1945, subsidió a los productores agrícolas y a los ingenios de menor tamaño con las contribuciones realizadas por los productores más eficientes. Esta política que tendía a proteger a los más ineficientes y débiles, estimuló la producción a costos más altos y las consecuencias fueron la caída de los rendimientos y el estancamiento de la actividad, muy notorias en la provincia de Tucumán. De allí que a partir de 1948 se produjeron liquidaciones, quiebras y cierres de plantas. El gobierno tucumano declaró a los ingenios de utilidad pública y se hizo cargo del Esperanza cuando éste anunció su quiebra. Si bien el Estado pagó a sus propietarios en esta ocasión una importante indemnización9, por otra parte revelaba los problemas originados por la compleja política peronista en torno a la industria azucarera.

      Los dos Ingenios: "San Isidro" y "San Martín del Tabacal" pudieron desarrollar sus actividades al amparo de esa política proteccionista y crediticia. A diferencia de algunos ingenios azucareros de la provincia de Tucumán, los salteños  formaban un solo complejo constituido por la fábrica y las plantaciones de cañas. No obstante, compraban materia prima a cañeros independientes aunque en proporciones pequeñas. Estos cañeros también tuvieron a su disposición créditos accesibles, dispuesto por el gobierno nacional. "San Isidro" fabricaba azúcar no refinada y su producción se destinada a los consumidores locales, mientras que "San Martín del Tabacal" se dedicaba fundamentalmente al tipo refinado y su mercado era más amplio: provincial y nacional.

De acuerdo al Censo Nacional de 1947 la superficie sembrada comprendía 612.017 hectáreas, en surcos de 100 metros; cifra que registró un aumento significativo en 1960, llegando a 750.603 hectáreas, según el Censo Nacional del año nombrado. Estos datos corresponden al total provincial: incluyen los departamentos donde se situaban los dos ingenios, pero también otros como Rosario de la Frontera, Anta, Capital, La Viña, Santa Victoria, Metán y Rivadavia aunque éstos con áreas muy pequeñas.

Las cifras del total provincial, entre 1943-1955, demuestran una producción casi constante con algunos picos importantes en 1951, 1954 y 1955. Este repunte obedecía al mayor rendimiento de las plantas industriales, a la eficiencia del personal y al buen estado de la caña10. Estos años fueron calificados como de "excelente zafra e industrialización".

Entre los factores que incidieron en la merma de la producción, durante el período de análisis, se pueden citar las malas cosechas por las plagas que afectaban a las cañas, siendo la más común la denominada "carbón". La falta de "braceros" fue otro inconveniente, sobre todo después de la sanción de la Ley 13.482 del año 1949 referida a la residencia de extranjeros que provocó un verdadero éxodo de trabajadores bolivianos dedicados a las tareas rurales. Por este motivo el gobierno nacional decretó un indulto para todos los extranjeros que habían entrado al país sin documentación hasta el 8 de julio del mencionado año. El Ingenio "San Martín del Tabacal" denunciaba la falta de unos 3.000 "braceros" para el normal desarrollo de sus tareas, ya que la recolección de caña y la molienda se estaban realizando con la mitad del personal y la planta industrial se veía obligada a parar entre 4 y 5 horas diarias, con las consiguientes pérdidas11.

Por otra parte, en ese mismo año de 1949 se registraba el fenómeno de las migraciones internas: alrededor de 140 obreros se trasladaban, vía ferroviaria, hacia la ciudad de Córdoba para trabajar en la construcción de una importante obra hidráulica y se anunciaba la partida de otros contingentes con igual destino. Las continuas huelgas de los trabajadores también tuvieron su correlato en el rendimiento de la producción. Otros factores a tener en cuenta fueron las mejoras salariales de los trabajadores que incidieron directamente en los costos de fabricación, sobre todo cuando el gobierno nacional anunció la quita de los subsidios destinados a absorber esos incrementos. No se pudo verificar si la política implementada a través del Fondo Regulador del Azúcar también tuvo su incidencia negativa como ocurrió en Tucumán.

Comparando las cantidades de kilogramos de azúcar de los dos establecimientos, el Ingenio "San Martín del Tabacal" consigna los guarismos más altos debido a su mayor superficie y maquinarias. Con respecto a la producción nacional, los ingenios tucumanos ocupaban el primer lugar, seguido por los jujeños y en tercer término, los salteños.

El Ingenio de los Patrón Costas, entre 1930 y 1949, llegó a controlar un área de 930.236 hectáreas de tierras propias y alquiladas. Las superficies adquiridas en los departamentos de la Puna jujeña y en los Valles Calchaquíes de la provincia de Salta tenían por finalidad la obtención de mano de obra gratuita. Los ocupantes de esas tierras se convertían en arrenderos de los Patrón Costas y debían pagar sus rentas con su propio trabajo. Así, anualmente se trasladaban desde su hábitat de clima frío a una zona tropical, donde se encontraba el Ingenio, para trabajar durante seis meses como cortadores de caña12. A principios de la década de 1940, la población permanente de "San Martín del Tabacal" era de 3.700 habitantes, agregando los cañeros de los 12 lotes o colonias que circundaban, sumaban alrededor de 5.000 habitantes y en tiempos de la zafra se incorporaban más de 15.000 personas para el trabajo de corte y pelado de la caña, con lo que la población crecía enormemente13.

La mano de obra estacional llamada "braceros" de ambos Ingenios se reclutaba entre salteños, jujeños, catamarqueños, bolivianos e indios matacos y tobas. Hacia la década de 1940, estos últimos casi ya no registraban su presencia.

Los dos Ingenios azucareros salteños fueron afectados por leyes que declararon de utilidad pública parte de sus propiedades. Mediante decretos, el gobierno expropió a "San Martín del Tabacal" 100 hectáreas destinadas a la fundación del pueblo "Presidente Hipólito Yrigoyen", abonando la suma de $ 43.667,04 y a "San Isidro", 10 manzanas para "General Güemes", pagando la cantidad de $ 487.619,2114.

Sindicatos azucareros en la provincia de Salta.

    En el aspecto social, el peronismo debió resolver la crisis de participación que planteaba la presencia creciente de los trabajadores, con un papel cada vez más central en la economía y con una serie de demandas postergadas. Perón consideraba que el capital debía cumplir una función social, es decir debía servir para desarrollar la economía pero al mismo tiempo, favorecer a los trabajadores. Ya en 1944 expresaba a los empresarios:

    "...Estamos tratando de establecer nuevas normas y prácticas que lleven a la dignificación del trabajo, de manera tal que nunca vuelva a ser considerado simplemente como una mercancía [...] Con ese fin, es necesario que los trabajadores se organicen en sindicatos fuertes e internamente cohesionados, recordando siempre que las cuestiones políticas e ideológicas deben quedar al margen de la actividad sindical ... "

    "... La falta de una política social en nuestro país ha llevado a que se forme (una) masa amorfa. Esas masas inorgánicas, abandonadas, sin cultura política (son), un medio de cultivo para agitadores profesionales extranjeros. Para hacer desaparecer ese grave peligro de la masa [...] hay una sola manera [...] y ella es la verdadera justicia social, en la medida que lo haga posible la riqueza del país y su propia economía[...] Es un grave error creer que el sindicalismo es un perjuicio para el patrón. Por el contrario, es la forma de evitar que el patrón tenga que luchar con sus obreros en forma directa; es el medio para llegar a un acuerdo y suprimir las huelgas (además), al Estado le conviene tener fuerzas orgánicas que puede controlar y dirigir ..."¹⁵

Esta larga cita revela el pensamiento de Perón con respecto a la necesidad de implementar una "justicia social" para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y así evitar ser tentados por el comunismo. Al mismo tiempo, insta a la formación de sindicatos como el mejor medio para resolver los problemas generados entre el capital y el trabajo; por otra parte, el Estado cumpliría la función de árbitro de esas relaciones. Esta política comenzó a  implementarse desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, dirigida por Perón, y sus Delegaciones provinciales, como forma de cooptar el apoyo de los trabajadores que sería uno de los pilares de su régimen.

Consecuente con esa política, durante los años 1943 al 1945 se dictaron una serie de decretos de carácter laboral y social, entre ellos: regulación del trabajo de menores que incluía el aprendizaje de los mismos; vacaciones anuales; disposiciones sobre: remuneraciones, suspensión, aumento de indemnizaciones por despido; sueldo anual complementario; salario mínimo y vital; estabilidad. Por otra parte, se creó la Dirección Nacional del Servicio de Empleo y se dispuso la prohibición del funcionamiento de las agencias privadas de colocaciones con fines de lucro. Se estableció la reducción de los días feriados y no laborales y el pago de los días feriados obligatorios, la institucionalización del beneficio de pobreza y el otorgamiento de poder sin cargo en las actuaciones administrativas y judiciales. Creación de Tribunales del Trabajo que tenía como finalidad la formación de órganos judiciales y el establecimiento de un procedimiento único para la tramitación de las causas laborales. El decreto Nº 23.852 de 1945 sobre Asociaciones Profesionales de Trabajadores (ratificado por ley 12.921), tenía como antecedente el decreto 2.669 de 1943 que establecía la personería gremial, sin cuyo requisito las organizaciones que no la obtuvieran sólo podían funcionar como asociaciones de hecho no reconocidas.

De acuerdo con la concepción política del Estado, la reforma de la Constitución Nacional en 1949 incorporó los derechos del trabajador, con excepción del derecho de huelga. Entre los derechos consagrados se pueden mencionar: retribución justa,  capacitación, condiciones dignas de trabajo, preservación de la salud, bienestar,  seguridad social, protección de su familia, defensa de los intereses profesionales. Este último contemplaba el derecho de agremiarse libremente y de participar en  actividades lícitas tendientes a la defensa de los intereses profesionales. Todas estas medidas eran necesarias para asegurar el desarrollo del proyecto político y económico del peronismo. Años más tarde, 1953 se sancionó la ley que regulaba el ordenamiento de la negociación colectiva y de las convenciones colectivas de trabajo, otorgándoles efectos jurídicos, es decir para todos.

El marco jurídico dentro del cual se produjo la expansión sindical fue el citado decreto 23.852 del año 1945 que establecía una suerte de combinación entre los principios de libertad sindical y los de representación unitaria, al permitir varios sindicatos por actividad económica pero conceder sólo a uno la "personería gremial". Si bien  consagraba la libertad de afiliación, porque el único requisito que se exigía para el reconocimiento de una organización gremial era la inscripción en un registro especial; al mismo tiempo esa libertad se encontraba condicionaba. El decreto reconocía dos tipos de organizaciones: las inscriptas, con facultad para actuar como cualquier entidad civil y las que tenían personería gremial, con derecho exclusivo para intervenir en las negociaciones colectivas, celebrar pactos y convenios colectivos de trabajo. Era obvio que el trabajador se afiliara en las segundas.

Desde el punto de vista político la concesión de personería o su cancelación se constituyó en el instrumento clave del "control estatal" porque esas decisiones estaban reservadas únicamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión. Ésta beneficiaba sólo a aquellos sindicatos que se mostraban favorables a la política de Perón. Otro elemento del decreto de 1945, además del monopolio de la representación, fue la centralización sindical que permitía a las conducciones nacionales tener una fuerte preponderancia sobre las seccionales locales. Esas conducciones tenían funciones decisivas: podían negociar convenios y declarar huelgas; recibían los aportes y cuotas de los sindicalizados que los distribuían de abajo hacia arriba y tenían el poder de intervenir a las seccionales locales que no cumplieran con sus directivas.

A partir de 1946, el Estado cumplió un papel importante en la masiva sindicalización de los trabajadores. El gobierno peronista impulsó plenamente la incorporación de los trabajadores a los sindicatos y apoyó las campañas de afiliación lanzada por las organizaciones; en esta tarea también tuvo que ver la capacidad de los líderes sindicales para la organización y el alto grado de movilización demostrado por los trabajadores.

La primera manifestación de la "justicia social" para los trabajadores rurales fue  el "Estatuto del Peón Rural" de 1944 que contenía una sección especial dedicada a las agroindustrias azucareras del país. Sus disposiciones tenían como objetivo mejorar las condiciones de trabajo en las plantaciones y en las fábricas de azúcar, elevar los salarios y limitar los poderes abusivos del contratista de "braceros"16.

Según Rutledge, el Estatuto también contenía un propósito político porque representaba un ataque a los propietarios de ingenios, especialmente a hombres como Robustiano Patrón Costas, quien había desempeñado en la administración anterior un rol importante17. En Salta, al igual que en otras provincias, al conocerse el "Estatuto del Peón Rural"  los grandes propietarios nucleados en la Bolsa de Comercio, Industria y Producción y en la Sociedad Rural publicaron un extenso memorándum dirigido al Interventor Federal Arturo Fassio y a la Delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, en el cual se analizaban los efectos positivos y negativos, poniendo énfasis en su inaplicabilidad.

Sin embargo, la política económica implementada en favor de los dueños de ingenios, ponen al descubierto que los ataques formulados por Perón más bien fueron de tipo discursivo. Se debe tener presente que Perón tuvo un encuentro con Patrón Costas en Buenos Aires en 1943 y visitó el establecimiento fabril siendo oficial de menor jerarquía18. De allí que, en 1947 el diputado Uranga manifestara, en una reunión de la Unión Cívica Radical con diputados nacionales efectuada en Salta:

     "...Yo pregunto a los obreros peronistas que están aquí, quienes son los que  están gobernando y ellos saben muy bien que gobierna la oligarquía de Miranda, Lagomarsino y Dodero y que aquí en Salta, ese señor del Tabacal no ha sido aludido jamás, pese a que se pregone la lucha contra la oligarquía ..."19.

 Por otra parte, el Dr. Lucio Cornejo Linares, uno de los propietarios del "San Isidro" recibió la venia de Perón para convertirse en el primer gobernador peronista de la provincia de Salta. Esto a pesar de la fuerte oposición de sus trabajadores azucareros, manifestada mediante huelgas y denuncias de persecuciones a dirigentes sindicales, el despido de éstos o la compra con puestos de otros. También daban a conocer los bajos salarios, las excesivas horas de trabajo y en general el incumplimiento de las medidas vigentes.

La acción desplegada en pos de la sindicalización dio sus resultados entre los trabajadores azucareros del norte del país, es así que en 1944 se constituyó en Tucumán la F.O.T.I.A.(Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera), con Delegados en las provincias de Salta y Jujuy. Desde su creación esta entidad apoyó constantemente a Perón, sin embargo no dejó de bregar por sus reivindicaciones económicas y políticas.

En la provincia de Salta existieron dos organizaciones: el Sindicato Obreros del Azúcar del Ingenio "San Isidro" y el Sindicato Obreros del Azúcar del Ingenio "San Martín del Tabacal"20. Estos sindicatos emprendieron una lucha frontal contra la patronal, sobre todo en los primeros años del gobierno peronista, para lograr el cumplimiento de la legislación vigente. En este sentido, tuvieron un gran protagonismo contrastando enormemente con la pasividad a que fueron sometidos durante los gobiernos conservadores que prácticamente gobernaron la provincia.

Los trabajadores azucareros sindicalizados recurrieron permanentemente a la huelga como medio para hacer cumplir la legislación nacional o los convenios suscriptos entre las partes. También cuando no se trataban los petitorios presentados ante la administración de los Ingenios, ante el despido injustificado de obreros y en adhesión a las órdenes emanadas de la F.O.T.I.A.,  llegando en algunos casos a la huelga por tiempo indeterminado.

Los conflictos más agudos eran resueltos entre la patronal y los representantes sindicales con participación de la Delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión,  la Subdelegación de la localidad y los delegados regionales de la F.O.T.I.A.(después de su intervención, se denominaron delegados regionales interventores). A partir de la creación de la C.G.T. en Salta, también intervinieron los delegados confederales. La F.O.T.I.A. ejerció un fuerte control en los Ingenios, sus delegados continuamente visitaban los lugares de trabajo y participaban en las asambleas de los sindicatos.

Durante la gestión de Lucio Cornejo Linares se llevaron a cabo huelgas por tiempo indeterminado en su establecimiento: en 1946 por incumplimiento de la Ley que fijaba nuevos salarios básicos para los obreros del surco y de fábrica21; en 1948, con anuencia de la F.O.T.I.A., por la negativa a aplicar un convenio previamente firmado entre las partes sobre aumento de salarios y por abuso patronal con la Comisión Directiva del Sindicato. En esta ocasión el Jefe de Policía envió 12 bomberos armados y otros refuerzos de personal para asegurar el orden en el Ingenio y se prohibió el expendio de bebidas alcohólicas en el pueblo de Campo Santo22. Los sindicalistas denunciaban, a raíz del despido de un dirigente gremial, que se obstaculizaba la agremiación y se presionaba a los obreros que actuaban bajo las directivas del Sindicato"23.

Por su parte, la F.O.T.I.A. realizó una severa crítica al gobernador, al Delegado Regional de la Secretaría de Trabajo y Previsión y al Ministro de Economía por ser cómplices de la situación de los trabajadores salteños. El sindicato Obreros del Ingenio "San Martín del Tabacal" también coincidía en la falta de acción de la Delegación Regional de la Secretaría. El Ministro de Economía, Finanzas y Obras públicas, Ingeniero Juan W. Dates acusó a la F.O.T.I.A. de su pretensión de dominar políticamente el Norte del país. Esta organización se involucró en el conflicto24  que sostenía Cornejo con su Vicegobernador, Dr. Roberto San Millán, apoyando el proyecto de intervención a la provincia propuesto por la oposición. Afirmaba a través de la prensa que:

"... El gobierno de Salta está manejado por los industriales azucareros. El mismo gobernador es dueño de un Ingenio, es decir no es un proletario, no es un descamisado, sí una quinta columna que sirve a sus intereses y a los intereses de toda la oligarquía salteña. Por eso hay sabotaje en Salta contra todas las conquistas de la clase trabajadora, por eso no se cumplen las leyes de amparo al trabajador, por eso los obreros ganan salarios de hambre[...] La intervención era y es necesaria para lograr que rijan los postulados de la justicia social del peronismo, para lograr una verdadera transformación social de la realidad salteña ..."²⁵.

 A pesar de la situación de los trabajadores del "San Isidro", éstos no se adhirieron a la huelga general por tiempo indeterminado decretada por la C.G.T. regional Salta  el 18 de abril de 1949 que fue violentamente reprimida con un saldo de 4 personas muertas y 40 heridas. Si bien se trataba de una huelga que involucró a trabajadores de la capital provincial, sin embargo numerosos sindicatos del interior hicieron conocer su postura, no así los del Ingenio "San Isidro", cuyo sindicato siempre tuvo una posición  crítica, primero contra la candidatura de Cornejo para la gobernación y luego contra su política, como se consignó en párrafos anteriores.

Los dos Ingenios salteños se adhirieron a partir del 6 septiembre de 1948 a una huelga general por tiempo indeterminado decretada por la F.O.T.I.A. que exigía salarios similares a los percibidos por obreros de otras industrias. A esto se sumó la  manifestación del gobierno nacional de suprimir los subsidios que otorgaba a los empresarios azucareros y con los que éstos absorbían los aumentos decretados. La medida duró cinco días y fue levantada por el compromiso asumido por las autoridades para agilizar las negociaciones salariales. Después de cinco meses se dispuso un incremento que significó sólo el 50 % del pedido efectuado por la Federación. Esta huelga afectó al "Tabacal" porque se encontraba en plena zafra y la caña, que se hallaba cortada en los lotes, quedó inutilizada por acción del tiempo. Se calculaba que las pérdidas superaban al medio millón de pesos²⁶. El "San Isidro" no tuvo perjuicios económicos porque la cosecha ya había terminado.

En 1949 la F.O.T.I.A. siguió reclamando un aumento salarial del 100%, pero sólo había conseguido un 18 % después de seis meses de negociaciones. El gobierno nacional se negaba a renovar los subsidios para la industria azucarera, pues ya habían sido suprimidos en febrero de aquel año. En vista de esta situación, la F.O.T.I.A. y  la F.E.I.A. (Federación de Empleados de la Industria Azucarera) declararon una huelga general por tiempo indeterminado que fue acatada por los trabajadores de todos los ingenios del país.  A fin de presionar para que levantasen la medida de fuerza, el Ministerio de Trabajo y Previsión declaró su ilegalidad y retiró la personería gremial a las dos federaciones. Los locales de los sindicatos tucumanos fueron cerrados y sesenta dirigentes fueron llevados presos. Como la paralización de las actividades causaba serias privaciones económicas a los trabajadores y ante la falta de respuesta de las autoridades, la F.O.T.I.A. tuvo que levantar la huelga. Este prolongado conflicto se inició el 14 de octubre y finalizó el 28 de noviembre de 1949, durando casi un mes y medio²⁷.

Perón tuvo que mediar en este conflicto y en un extenso discurso emitido por radio anunció un aumento promedio del 60 % con retroactividad al 1 de julio del mismo año. Para escuchar su palabra se organizaron actos en ambos ingenios: en "San Martín del Tabacal" se juntaron cerca de 8.000 trabajadores y en  "San Isidro", alrededor de 1.000 entre los del surco y los de fábrica; en este último establecimiento también hablaron el delegado confederal de la C.G.T., Sr. Alejandro Mackluff  y el vicepresidente del sindicato, Sr. Ruiz²⁸.

En su discurso, el Presidente de la Nación  atacó con severidad a quienes consideraba responsables de la huelga:

"...Son los comunistas infiltrados, los políticos opositores y la falta de previsión y acción local [...] El conflicto de los empleados y obreros de la industria azucarera que tiene un fondo económico-social, ha sido posteriormente desvirtuado hacia un campo esencialmente político [...] los dirigentes de la F.O.T.I.A. y de la F.E.I.A. han conducido a los trabajadores a la huelga utilizándolos como trampolín para sus aspiraciones políticas con vista a los próximos comicios [...] No debe descartarse la posibilidad de que los industriales azucareros, que siempre han mantenido relaciones muy amistosas con algunos dirigentes de la F.E.I.A. y de la F.O.T.I.A., hayan sido los auxiliares propulsores de tan perfecto entendimiento".

"... Inmediatamente a la declaración de huelga se operó el desplazamiento de destacadas figuras del radicalismo, miembros del Comité Nacional que eligen justamente Tucumán para sus cuestiones partidarias, con el pretexto que les permite seguir de cerca la marcha del conflicto coordinando la acción de propaganda y de agitación con todos los organismos oficiales [...] el diputado Balbín, destacado en Jujuy [...] se concretó a instigar a los obreros en conflicto..."

"Simultáneamente el Secretario del Partido Comunista Arnedo Alvarez fue enviado por el Consejo Central para estudiar el problema y actuar en forma personal [...] con el objeto de poner en ejecución su plan de agitación".

"Es indudable también que la campaña imperialista que numerosos diarios del exterior mantienen contra la República Argentina, en este conflicto demuestra que la Unión Democrática [...] actúa coordinadamente con el exterior..."

"...La masa obrera [...] una vez más ha sido engañada por los eternos logreros de la política y entreguistas del país [...] señalemos a la oposición oligárquica que disfrazada de radical, socialista, comunista, que actúan aliados a sus viejos compañeros representantes más crudos de los intereses de la oligarquía"29.

    De acuerdo a la versión de Perón la extensa huelga fue el resultado de varios factores, entre ellos: la acción conspirativa y agitadora de la oposición: conservadores, radicales, socialistas y comunistas, quienes sólo buscaban réditos políticos; la connivencia entre industriales azucareros y dirigentes gremiales; la traición de que fueron objeto los trabajadores por sus representantes sindicales, a quienes los acusaba de utilizar las reivindicaciones económico-sociales con intenciones políticas; la campaña de los diarios "imperialistas" que actuaron en coordinación con los representantes de la oligarquía; en resumen,  fue el producto de la obra conjunta de los enemigos del peronismo. Si bien, algunos dirigentes de  partidos políticos se desplazaron hacia el norte del territorio para apoyar la huelga, ello no fue lo determinante. Para comprender sus causas se debe tener en cuenta la situación económica por la que atravesó el país a partir del año 1949 y de la cual no quedaron exentas las provincias azucareras.

    La política económica peronista basada en la industrialización por sustitución de importaciones para el mercado interno y en el fuerte distribucionismo del ingreso (éste considerado prioritario para consolidar el nuevo orden social), ya en 1949 comenzó a mostrar sus límites. A falta de incentivos económicos, las áreas sembradas empezaron a mermar; por otra parte, los precios agrícolas internacionales descendieron ante la abundante producción de otras naciones y a esto se sumaron las consecuencias de dos severas sequías que afectaron las cosechas de 1949-50 y 1951-52. En este contexto se hizo imposible seguir operando transferencias de recursos del agro a la industria. A su vez el control de precios y el alza de los salarios resintieron la rentabilidad industrial, provocando el descenso de la inversión. De allí que en situación de casi pleno empleo y con un consumo en crecimiento presionando sobre la oferta que comenzaba a dejar de crecer, no tardaron en aparecer tensiones inflacionarias30.

La importante huelga azucarera de 1949  fue el correlato de la crisis económica que afectó a la nación y que ya no permitía al gobierno, entre otras cuestiones, seguir subsidiando los aumentos salariales y, especialmente, de las dificultades que pasaba la agroindustria azucarera, agravada por una serie de magras cosechas. Sus consecuencias fueron muy serias para la acción sindical por cuanto la F.O.T.I.A. fue intervenida (hasta 1955) y se produjo su desmembramiento: los trabajadores azucareros de Salta, Jujuy y Santa Fe se separaron de la Federación. Y como afirma Louise Doyon "...“... esta victoria del gobierno no logró restablecer la tranquilidad de las relaciones laborales en la industria azucarera y además destruyó la combatividad y cohesión del movimiento obrero en el norte, decapitando su organización y eliminando el último núcleo de autonomía sindical en el Partido Peronista”31 . Para Gustavo Rubinstein, las huelgas declaradas por la F.O.T.I.A. pueden ser interpretadas como un reclamo salarial y como un intento de transferir su poder político al terreno laboral; es decir los trabajadores azucareros comenzaron a darse cuenta que su situación socio-económica no se correspondía con el poder logrado en el campo político32.

Si bien los salteños acataban las medidas de la F.O.T.I.A., su combatividad tenía otro componente importante que se relacionaba con el origen social de los propietarios de los ingenios y por el control del aparato estatal: miembros de familias "tradicionales" aunque de orígenes partidarios diferentes: Cornejo Linares de extracción radical y Patrón Costas, conservador. El enfrentamiento hacia el gobernador Cornejo Linares se agravaba porque los sindicalistas, que habían contribuido su triunfo, fueron marginados del acceso a los cargos importantes de la administración provincial.

La respuesta del gobierno a los reclamos de los trabajadores en 1949 fue el Decreto Nº 2.101 del 31 de enero de 1950 que estableció  aumentos de  salarios según la tarea desempeñada33. Su adopción en cada uno de los Ingenios salteños fue motivo de sendas reuniones y discusiones entre las partes involucradas y las autoridades correspondientes.

El Sindicato Obreros del Azúcar del Ingenio "San Martín del Tabacal" presentó en febrero del año 1950 un petitorio de 22 puntos que dio lugar a la firma de un convenio colectivo de trabajo, subsidiario a las leyes y disposiciones que reglamentaban el régimen de la industria azucarera. Los trabajadores obtuvieron mejoras salariales para algunos sectores y condiciones laborales34. Este Sindicato también consiguió, a partir del 6 de febrero de 1952, el descanso del día sábado para sus obreros.

La huelgas de los trabajadores azucareros salteños se manifestaron con mayor asiduidad entre 1946 y 1949 durante el gobierno de Cornejo, a quien veían como genuino representante de la oligarquía salteña, coincidente por otra parte, con el movimiento huelguístico de todo el país. Se debe recordar que la Constitución de 1949 no contemplaba el derecho de huelga, y, por otro lado, el máximo organismo de los trabajadores azucareros, la F.O.T.I.A. se encontraba intervenida, prácticamente desarticulada partir de la huelga de 1949 y cancelada su personería jurídica; de allí que su combatividad se vio disminuida.

Los sindicatos azucareros lograron una conquista fundamental a favor de los "braceros", al intervenir como inspectores durante las zafras para controlar las básculas de los ingenios35. Aunque recién en 1949 se sancionó la Ley Nº 1.071, cuyos principales artículos establecían la obligación por parte de los ingenios de: colocar básculas en el lugar señalado por las autoridades para el pesaje y recibimiento de la caña entregada por los braceros, peladores, etc.; la entrega de un recibo numerado en el cual se debía especificar la fecha y el kilaje, lote o lugar de procedencia de la caña. La falta de cumplimiento daba lugar a la aplicación de multas, cuyos montos tenían como destino: el 50 % al Consejo General de Educación para mejorar los servicios escolares en la zona de aplicación de la multa y el 50 % restante para asistencia médica hospitalaria gratuita36. Esta ley apuntaba a evitar los abusos en el pesaje de la caña, así el trabajador debía recibir una retribución de acuerdo a su trabajo.

Al parecer la situación de los trabajadores de "San Isidro" no mejoró con los años ya que los reclamos fueron permanentes ante el Ministerio de Trabajo y Previsión de la Nación. En 1950 el Director de Asuntos Gremiales, José A. Contreras realizó una inspección a dicho establecimiento y su informe fue determinante para que el gobernador Oscar H. Costas  emitiera un decreto por el cual emplazaba a sus propietarios al total cumplimiento de las leyes y reglamentaciones vigentes. Los considerandos del mismo resultan importantes para conocer las condiciones de vida de los trabajadores, ya que consignan que:

 "La gravedad de lo informado, con respecto al estado y condiciones de las viviendas, provistas de agua potable, estado de higiene de la población y la carencia casi absoluta de atención en lo referente a las obligaciones de asistencia médica-farmacéuticas, agravadas por la manifiesta despreocupación que, en todos los caso, ha demostrado la Administración del Ingenio [...] obliga la intervención de este gobierno, dispuesto a velar por la salud de sus gobernados y en especial a la masa obrera, nervio y acción del afianzamiento económico y social del Estado"³⁷.

 Al respecto, "San Martín del Tabacal" contaba desde 1934 con un hospital provisto de setenta camas que cubría parte de las necesidades médicas de sus trabajadores.

La cuestión de la salud a nivel oficial recién fue efectivizada partir de 1954 con la constitución de la Comisión Sanitaria de la Industria Azucarera integrada por los gobiernos de las cinco provincias azucareras, de la C.G.T.,  C.G.E., organizaciones obreras y patronales con la colaboración de los asesores técnicos de los Ministerios: de Trabajo y Previsión; Asistencia Social y Salud Pública; Interior y Justicia. En esta Comisión participaron los representantes sindicales de los dos ingenios salteños. Su finalidad era atender las necesidades sanitarias y hospitalarias de los trabajadores plantadores e industriales, como así también de sus respectivas familias.

Los dos sindicatos recibieron subsidios del gobierno provincial para gastos relacionados con su funcionamiento, para pasajes de traslado de sindicalistas a Buenos Aires y Tucumán con la finalidad de asistir a reuniones  gremiales. También para la construcción de sus sedes sociales. Así, por este concepto, el sindicato del Tabacal recibió 15.000 $ m/n en 1949, sede que fue inaugurada en 1954 con motivo de cumplirse  diez años de la creación del sindicato.

En 1953 la Fundación Eva Perón envió una remesa de 2 millones de pesos para  construcción de viviendas económicas destinadas a los obreros del azúcar. Con esta partida se levantaron 120 viviendas en la localidad de Campo Santo  para obreros del Ingenio "San Isidro" y 140 para los de "San Martín del Tabacal"38.

Los trabajadores azucareros se identificaban con el peronismo y consideraban que las huelgas y los reclamos se hacían contra la patronal y no contra el presidente Perón. Por su parte, Perón al aplicar la "justicia social" contaba con un electorado a su favor, si se tiene en cuenta que el número de trabajadores de los ingenios del país, incluidas sus familias, sumaban alrededor de 500.000 trabajadores, resulta una cifra nada despreciable al momento de contar votos39.

 El apoyo al peronismo fue evidente, prueba de ello fue la constitución de una Unidad Básica en el Ingenio "San Martín del Tabacal", cuya comisión directiva estaba compuesta por algunos dirigentes gremiales40.

 Consideraciones finales

Las agroindustrias azucareras de la provincia de Salta pudieron mantenerse por la política proteccionista y crediticia aplicada por el gobierno nacional. Si bien la alianza social que conformó el Estado peronista fue con los trabajadores y la pequeña y medina burguesía, sin embargo no fueron dejado de lado los grandes empresarios, como los propietarios de ingenios azucareros. Esto se relacionaba con implementación de una política distributiva y de pleno empleo, como así también de contar con una clientela política. El Estado se convirtió en árbitro de las relaciones entre el capital y el trabajo y en general favoreció a los trabajadores.

Los Sindicatos Obreros del Azúcar del Ingenio "San Isidro" y de "San Martín del Tabacal" ejercieron una activa lucha contra la patronal para obtener conquistas sociales y laborales, sobre todo en los tres primeros años del gobierno peronista. Protagonismo que contrastaba con la pasividad a que fueron sometidos los trabajadores en períodos anteriores, en los cuales la provincia de Salta estuvo dominada prácticamente por gobiernos conservadores.

Los sindicatos manifestaron una gran combatividad contra los dueños de los ingenios por considerarlos genuinos representantes de la oligarquía salteña. La F.O.T.I.A. incidió notablemente en la política reivindicatoria hasta su intervención por el gobierno nacional.

Este sector de la producción se identificó con el peronismo ya que sentían que por primera vez sus reclamos eran atendidos. Esta adhesión llevó a la constitución de una Unidad Básica en el Ingenio "San Martín del Tabacal" la que, a su vez, fue alentada por las autoridades como parte de la organización interna del partido peronista.

 Los incrementos salariales de los trabajadores tuvieron su incidencia en los costos de producción, sobre todo cuando el gobierno nacional anunció la suspensión de los subsidios destinados a absorber esos aumentos. A la elevación de los  costos de producción se sumaron otros factores como falta de mano de obra, enfermedades de las plantas y huelgas que produjeron un descenso de la producción en algunos años.