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CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE SALTA

REFORMADA POR LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE EN 1875

Nos los representantes de la Provincia de Salta, reunidos en convención por su voluntad y elección, con el objeto de constituir el mejor gobierno de todos y para todos, afianzar la justicia, consolidar la Paz interna, proveer a la seguridad común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para el pueblo y para los demás hombres que quieran habitar su suelo, invocando a Dios Todopoderoso, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución.

SECCIÓN 1ª

Declaraciones, Derechos y Garantías

Art. 1º. La Provincia de Salta, como parte integrante de la República Argentina, constituida bajo la forma representativa, republicana y federal, tiene el libre ejercicio de todos los poderes y derechos que por la Constitución Nacional no hayan sido delegados al Gobierno de la Nación.

Art. 2º. Todo poder público emana del pueblo, y así este puede alterar o reformar la presente Constitución, siempre que el bien común lo exija, y en la forma que por ella se establece.

Art. 3º. Los límites territoriales de la Provincia son los que por derecho le corresponden con arreglo a lo que la Constitución Nacional establece, y sin perjuicio de las cesiones o tratados interprovinciales que puedan hacerse autorizados por la Legislatura.

Art. 4º. El Gobierno de la Provincia coopera al sostenimiento y protección del Culto Católico, Apostólico Romano, con arreglo a las prescripciones de esta Constitución y de la Nacional.

Art. 5º. Profesa la Provincia de Salta, la Religión Católica, Apostólica, Romana.

Art. 6º. Es inviolable en el territorio de la Provincia el derecho que todo hombre tiene para rendir culto a Dios Todopoderoso, libre y públicamente según los dictados de su conciencia.

Art. 7º. El uso de la libertad religiosa reconocida en el artículo anterior queda sujeto a lo que prescriben la moral y el orden público.

Art. 8º. Todos los habitantes de la Provincia son por su naturaleza libres e independientes y tienen derecho perfecto para defenderse y ser protegidos en su vida, libertad, reputación, seguridad y propiedad. Nadie puede ser privado de estos goces sino por sentencia de Juez competente, fundada en Ley anterior al hecho del proceso.

Art. 9º. Los habitantes de la Provincia son iguales ante la Ley, y esta debe ser una misma para todos y tener una acción y fuerza uniformes.

Art. 10º. La libertad de la palabra escrita o hablada es un derecho asegurado a los habitantes de la Provincia. Todos pueden publicar por la prensa sus pensamientos y opiniones, siendo responsables de su abuso antes el Jurado que conocerá del hecho y del derecho, con arreglo a la Ley de la materia, sin que en ningún caso la legislación pueda ordenar medidas preventivas para el uso de la libertad, ni restringirla o limitarla en manera alguna. En los juicios a que diere lugar el ejercicio de la libertad de la palabra y de la prensa, el Jurado admitirá la prueba como descargo, siempre que se trate de la conducta oficial de los empleados o de la capacidad política de personas públicas.

Art. 11º. Toda orden de pesquisa, arresto de una o más personas o embargo de propiedades deberá especificar las personas u objetos de pesquisa o embargo, describiendo particularmente el lugar que debe ser registrado; y no se expedirá mandato de esta clase, sino por hecho punible, apoyado en juramento, sin cuyos requisitos la orden o mandato no será exequible.

Art. 12º. Queda asegurado a todos los habitantes de la Provincia, el derecho de reunión pacífica par tratar asuntos públicos o privados, con tal que no turben el orden público, así como el de peticionar individual o colectivamente ante todas y cada una de sus autoridades, sea para solicitar gracia o justicia, instruir a sus representantes, o para pedir la reparación de agravios. En ningún caso una reunión de personas podrá atribuirse la representación o los derechos del pueblo ni peticionar en su nombre, y los que lo hicieren cometen delito de sedición.

Cualquiera resolución de las autoridades de la Provincia dictada por coacción, requisición de fuerza armada o de grupos sediciosos, es atentatoria y será nula y sin efecto.

Art. 13º. Nadie podrá ser detenido sin que preceda una indagación sumaria que produzca semiplena prueba o indicio vehemente de un hecho que merezca pena corporal, ni podrá ser constituido en prisión sin que preceda orden escrita de Juez, salvo el caso infraganti, en que todo delincuente puede ser arrestado por cualquier persona y conducido inmediatamente a presencia de su Juez.

Art. 14º. Se asegura para siempre a todos el juicio por jurados, con arreglo a las prescripciones de esta Constitución.

Art. 15º. Nadie puede ser sacado de sus Jueces naturales, ni juzgado por Comisiones o Tribunales especiales, cualquiera que sea la denominación que se les de.

Art. 16º. Todo aprehendido será notificado dentro de veinticuatro horas de la causa de su prisión.

Art. 17º. Toda persona detenida podrá pedir, por si o por medio de otro, que se le haga comparecer ante el Juez más inmediato, y expedido que sea el auto de soltura por autoridad competente, no podrá ser detenido contra su voluntad si pasadas las veinticuatro horas no se le hubiese notificado por Juez igualmente competente la causa de su detención. Todo Juez aunque lo sea de un Tribunal colegiado a quien se hiciere esta petición o se reclamase la garantía del artículo anterior, deberá proceder en el término de veinticuatro horas contadas desde su presentación con cargo auténtico, bajo de multa de doscientos pesos fuertes.

Art. 18º. Será eximida de prisión toda persona que diese fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios, fuera de los casos en que por la naturaleza del delito, merezca pena corporal aflictiva, cuya duración exceda de un año.

Art. 19º. No se dictaran leyes que importen sentencia, que empeoren la condición de los acusados por hechos anteriores, priven de derechos adquiridos, o alteren las obligaciones de los contratos.

Art. 20º. Todo habitante de la Provincia tiene el derecho de entrar y salir del país, de ir y venir llevando consigo sus bienes salvo el derecho de tercero.

Art. 21º. La correspondencia epistolar es inviolable. El que la viole se hace reo de delito punible por Ley, la cual determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a ocuparla por mandato del Juez.

Art. 22º. El domicilio no podrá ser allanado sino por orden escrita de autoridad competente, o de las autoridades Municipales encargadas de vigilar el cumplimiento de los reglamentos de salubridad pública.

Art. 23º. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni será privado de hacer lo que ella no prohibe.

Art. 24º. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan la moral y el orden público, ni perjudiquen a un tercero están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los Magistrados.

Art. 25º. La libertad de trabajo, industria y comercio, es un derecho asegurado a todo habitante de la Provincia, siempre que no ofenda o perjudique a la moral o salubridad pública ni sea contraria a las leyes del país o a los derechos de tercero.

Art. 26º. A ningún acusado se le obligará a prestar juramento ni a servir de testigo contra sí mismos en materia criminal, ni será encausado dos veces por un mismo delito.

Art. 27º. Las cárceles de la Provincia son para seguridad y no para mortificación de los destinados. Las penitenciarías serán reglamentadas de manera que constituyan centros de trabajo y moralización. Todo rigor innecesario hace responsable a las autoridades que lo ejerzan.

Art. 28º. La propiedad es inviolable y ningún habitante de la Provincia puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por Ley y previamente indemnizada.

Art. 29º. Quedan abolidos para siempre el tormento, las penas crueles y la infamia trascendental.

Art. 30º. Queda igualmente suprimida para siempre la confiscación de bienes, los mayorazgos y vinculaciones de toda especie, pudiendo ser enajenable toda propiedad.

Art. 31º. Queda suprimida la prisión por deudas en causa civil, salvo los casos de fraude o culpa especificados por Ley.

Art. 32º. Los extranjeros gozarán en toda la Provincia de todos los derechos civiles del ciudadano y los municipales que esta Constitución les acuerda.

Art. 33º. La libertad de enseñar o de aprender, no podrá ser coartada por medidas preventivas.

Art. 34º. La Legislatura no podrá dictar Ley alguna que autorice directa ni indirectamente la suspensión de pagos en metálico por ninguna asociación y establecimiento de banco sea público o privado, ni la circulación de sus billetes como moneda corriente. Tampoco podrá autorizar ninguna clase de lotería en la Provincia, ni la venta de billetes de lotería establecidas fuera de ella.

Art. 35º. Los poderes públicos no podrán delegar las facultades que les han sido conferidas por esta Constitución, ni atribuir al Poder Ejecutivo otras que las que expresamente le están acordadas por ella.

Art. 36º. No podrá dictarse ley que tenga por objeto acordar remuneración a ninguno de los miembros del Poder Ejecutivo ni de las Cámaras mientras lo sean, por servicios hechos o que se les encargue en el ejercicio de sus funciones.

Art. 37º. No podrá autorizarse ningún empréstito, sobre el crédito general de la Provincia ni emisión de fondos públicos, sino por iniciativa de la Cámara de Diputados, y la ley que lo autorice, deberá ser sancionada por dos tercios de votos de cada Cámara.

Art. 38º. Toda Ley que sancione empréstitos deberá especificar los recursos especiales con que debe hacerse el servicio de la deuda y su amortización, así como los objetos a que se destina el valor del empréstito.

Art. 39º. Los valores que se obtengan por empréstitos, no podrán aplicarse a otros objetos que los especificados en la ley que lo autorice, bajo la responsabilidad personal de la autoridad que los invierta o destine a otra cosa distinta.

Art. 40º. Ningún impuesto establecido o aumentado para ser invertido en la construcción de obras especiales, podrá ser aplicado interina o definitivamente a objetos distintos de los determinados en la Ley de su creación, ni durará por más tiempo que el necesario para redimir con él la deuda que se contraiga.

Art. 41º. Los empleados públicos a cuya elección o nombramiento no provea esta Constitución, serán nombrados o elegidos según lo disponga la ley.

Art. 42º. No podrán acumularse en la misma persona dos o más empleos a sueldo, uno de la Nación y otro de la Provincia. En cuanto a los empleos provinciales, sean gratuitos o a sueldo, la Ley determinará cuáles sean incompatibles.

Art. 43º. Las declaraciones, derechos y garantías enumerados en esta Constitución, no serán interpretados como negación o mengua de otros derechos y garantías no enumerados o virtualmente retenidos por el pueblo, que nacen del principio de la soberanía popular y que corresponden al hombre en su calidad de tal.

Art. 44º. Toda ley, decreto u orden contrarios a los artículos precedentes, o que impongan al ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en ellos, otras restricciones que las que los mismos artículos permiten, o priven a los habitantes de la Provincia de las garantías que aseguran, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicados por los Jueces. Los individuos que sufran los efectos de toda orden que viole o menoscabe estos derechos, libertades y garantías, tienen acción civil para pedir las indemnizaciones por los perjuicios que tal violación o menoscabo les cause, contra el empleado o funcionario que lo haya autorizado o ejecutado.

SECCION 2ª

RÉGIMEN ELECTORAL

Capítulo 1º

Disposiciones Generales

Art. 45º. La representación política tiene por base la población y con arreglo a ella se ejercerá el derecho electoral.

Art. 46º. La atribución del sufragio popular es un derecho inherente a la calidad de ciudadano argentino y un deber que desempeñará con arreglo a las prescripciones de esta Constitución y de las leyes de la materia.

Art. 47º. La proporcionalidad de la representación será la regla en todas las elecciones populares, a fin de dar a cada opinión un número de representantes proporcional al número de sus adherentes, según el sistema que para la aplicación de este principio determine la Ley.

Capítulo 2º

Bases del sistema electoral

Art. 48º. El territorio poblado de la Provincia se divide en tantos distritos electorales cuantos sean los Juzgados de Paz a los efectos de la inscripción, organización e instalación de las mesas receptoras y recepción de votos.

Art. 49º. Para toda elección popular deberá servir de base el registro electoral de cada distrito.

Art. 50º. Las mesas receptoras de votos en cada distrito serán formadas a la suerte por una Junta Central compuesta de los Presidentes de la Legislatura, Superior Tribunal de Justicia y Municipalidad Central. La Ley determinará la forma y tiempo en que deba practicarse el sorteo.

Art. 51º. Ningún ciudadano podrá votar sino en el distrito electoral de su residencia y estando inscrito en el registro.

Art. 52º. La calificación de elector se considerará bastante con la simple inscripción en el registro electoral, siendo innecesaria la boleta de dicha inscripción.

Art. 53. La Ley de elecciones deberá ser uniforme para toda la Provincia.

Art. 54. Toda elección se terminará en un solo día, sin que las autoridades puedan suspenderla por ningún motivo.

Art. 55. Se votará personalmente, y por boletas en que conste el nombre de los candidatos.

Art. 56. Ningún ciudadano inscripto que no haya sido movilizado, podrá ser citado ni retenido para el servicio militar ordinario desde quince días antes de las elecciones generales hasta quince días después.

Art. 57. No podrán votar la tropa de línea y la Guardia Nacional movilizada desde sargento para abajo y los gendarmes de Policía de Seguridad.

Art. 58. Las mesas receptoras de votos tendrán a su cargo el orden inmediato del colegio electoral durante el ejercicio de sus funciones, y para conservarlo o restablecerlo podrán requerir el auxilio de la fuerza pública. La Ley determinará el número de mesas receptoras que hayan de establecerse en cada distrito electoral.

Art. 59. Todo Decreto de convocatoria a elecciones populares debe publicarse en cada Distrito Electoral, por lo menos ocho días antes de la elección.

Art. 60. Nadie podrá concurrir a una mesa receptora de votos, sin ser elector con derecho a votar en ella.

Art. 61. El voto múltiple, y todo fraude contra la libertad y legalidad del sufragio, serán penados de conformidad a la ley, debiendo el Presidente de la mesa ordenar la detención del delincuente y ponerlo a disposición del Juez.

SECCION 3º

Poder Legislativo

Capítulo 1º

De la Asamblea Legislativa

Art. 62. El Poder Legislativo de la Provincia será ejercido por una Asamblea dividida en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores, elegidos directamente por electores calificados con arreglo a las prescripciones de esta Constitución y a la ley de elecciones.

Capítulo 2º

De la Cámara de Diputados

Art. 63. Esta Cámara será compuesta de ciudadanos elegidos en razón de uno por cada tres mil habitantes o una fracción que no baje de mil quinientos.

Art. 64. Después de cada censo decenal, la Legislatura determinará la razón del número de habitantes que ha de representar cada Diputado, para que no exceda de treinta y uno hasta una nueva reforma de esta Constitución.

Art. 65. El cargo de Diputado, durará dos años, pero la Cámara se renovará por mitad cada año, debiendo sin embargo continuar en su puesto los salientes hasta el día de la solemne instalación de la Cámara renovada.

Art. 66. Dicho período de dos años se computará desde el día de una solemne instalación de las Cámaras, hasta otra igual solemnidad del bienio siguiente.

Art. 67. Para ser Diputado se requieren las calidades siguientes:

1º. Ciudadanía natural en ejercicio, o legal después de dos años de obtenida.

2º. Veintidós años cumplidos de edad.

Art. 68. Es incompatible el cargo de Diputado con el de empleado a sueldo de la Provincia o de la Nación.

Art. 69. Todo ciudadano que siendo Diputado aceptare cualquier empleo rentado de la Nación o de la Provincia, cesará por este hecho de ser miembro de la Cámara.

Art. 70. Es de competencia exclusiva de la Cámara de Diputados:

1º La iniciativa en la creación de contribuciones e impuestos generales de las Provincias.

2º Acusar ante el Senado al Gobernador de la Provincia y sus Ministros, por delito en el desempeño de sus funciones por faltas de cumplimiento a los deberes de su cargo.

3º Para usar de esta atribución deberá preceder una sanción de la Cámara por dos tercios de votos (a lo menos) de sus miembros presentes que declare haber lugar a formación de causa.

4º Cualquier habitante de la Provincia tiene acción para denunciar ante la Cámara de Diputados el delito o falta, a efecto de que se promueva la acusación. La Ley determinará el procedimiento de estos juicios.

Art. 71. Cuando se deduzca acusación por delitos comunes contra los funcionarios acusables por la Cámara d Diputados, no podrá procederse contra su persona sin que se solicite por Tribunal competente el allanamiento de la inmunidad del acusado a cuyo efecto se remitirán los antecedentes a aquella Cámara, y no podrá allanarse dicha inmunidad sino por dos tercios de votos.

Art. 72. La Cámara de Diputados prestará su acuerdo a los nombramientos que debe hacer el Poder Ejecutivo con este requisito.

Capítulo 3º

Del Senado

Art. 73. Esta Cámara se compondrá de ciudadanos elegidos en razón de uno por cada seis mil habitantes o una fracción que no baje de cuatro mil.

Art. 74. Son requisitos para ser Senador:

1º. Ciudadanía natural en ejercicio o legal después de tres años de obtenida, y

2º. Tener por lo menos treinta años de edad.

Art. 75. Son también aplicables al cargo de Senador las incompatibilidades y variación numérica establecidas en los artículos 68, 69 y 62 para los miembros de la Cámara de Diputados en los términos allí expresados, para que el número de Senadores no exceda de diecisiete hasta una nueva reforma constitucional.

Art. 76. El cargo de Senador durará tres años; pero la Cámara se renovará por terceras partes cada año.

Art. 77. Es atribución exclusiva del Senado juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, constituyéndose al efecto en Tribunal y prestando sus miembros un nuevo juramento para estos casos. Cuando el acusado fuese el Gobernador de la Provincia, deberá presidir el Senado el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, pero no tendrá voto.

Art. 78. El fallo del Senado en estos casos no tendrá más efecto que destituir al acusado y aún declararlo incapaz de ocupar ningún puesto de honor o a sueldo de la Provincia.

Ningún acusado podrá ser declarado culpable sin una mayoría de los dos tercios de votos de los miembros presentes. Deberá votarse en estos casos nominalmente y registrarse en el acta de sesiones el voto de cada Senador.

Art. 79. El que fuere condenado en esta forma, queda sin embargo sujeto a acusación y juicio ante los Tribunales ordinarios.

Art. 80. El Senado presta su acuerdo a los nombramientos que debe hacer el Poder Ejecutivo con este requisito, y le presenta una terna para el nombramiento de Tesorero Colector de la Provincia.

Capítulo 4º

Disposiciones Comunes a Ambas Cámaras

Art. 81. Las elecciones de Diputados y Senadores tendrán lugar en todas las secciones electorales de la Provincia el primer Domingo de Agosto de cada año.

Art. 82. Las Cámaras abrirán sus sesiones ordinarias el 1 de Octubre de cada año, y las cerrarán el 31 de Enero. Funcionarán en la capital de la Provincia; pero podrán hacerlo por causas graves en otro punto, precediendo una resolución de ambas Cámaras. Las sesiones podrán prorrogarse por una sanción de la Asamblea General que lo disponga.

Art. 83. Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el Poder Ejecutivo, o por el Presidente de la Asamblea en virtud de petición escrita firmada por una cuarta parte de los miembros de cada Cámara, y en estos casos sólo se ocuparán del asunto o asuntos que motive la convocatoria.

Art. 84. Cada Cámara es Juez exclusivo de las elecciones de sus miembros y de la validez de sus títulos, no pudiendo en este, como en los demás casos en que proceden como cuerpo elector reconsiderar sus resoluciones.

Art. 85. Para funcionar necesita una mayoría absoluta; pero un número menor podrá reunirse al sólo efecto de acordar las medidas que estime necesarias para compeler a los inasistentes.

Art. 86. Ninguna de las Cámaras podrá suspender sus sesiones por más de tres días sin acuerdo de la otra.

Art. 87. Cada Cámara podrá nombrar comisiones de su seno con el objeto de examinar el estado del Tesoro, para el mejor desempeño de las atribuciones que le conciernen; podrá también pedir a los Jefes de todas las oficinas provinciales, y por su conducto a sus subalternos los informes que crea convenientes.

Art. 88. Cada Cámara podrá hacer concurrir a sus sesiones a los Ministros del Poder Ejecutivo para pedirles los informes que estime convenientes.

Art. 89. Cada Cámara dictará y se regirá por un reglamento especial, y nombrará su Presidente y vice.

Art. 90. Formarán también su Presupuesto, acordando los empleados que necesiten, su dotación y la forma en que deben nombrarse.

Art. 91. Las sesiones de ambas Cámaras serán públicas, y sólo podrán hacerse secretas por asuntos graves y acuerdo de la mayoría.

Art. 92. Los miembros de ambas Cámaras son inviolables por las opiniones que manifiesten y votos que emitan en el desempeño de su cargo. No hay autoridad alguna que pueda procesarlos ni reconvenirlos en ningún tiempo por tales causas.

Art. 93. Los Diputados y Senadores gozarán de completa inmunidad en su persona desde el día de su elección hasta que cese su mandato y no podrán ser arrestados por ninguna autoridad sino en el caso de ser sorprendidos infraganti en la ejecución de algún delito grave, dándose inmediatamente cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho, para que resuelva lo que corresponda según el caso, sobre la inmunidad personal.

Art. 94. Cuando se deduzca acusación por acción privada ante la justicia ordinaria contra un Senador o Diputado, examinando el mérito del sumario en juicio público podrá cada Cámara con dos tercios de votos suspender en sus funciones al acusado y ponerlo a disposición del Juez competente para su juzgamiento.

Art. 95. Cada Cámara podrá corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones; y en caso de reincidencia podrá expulsarlo por una resolución a la que concurran dos tercios de votos de los miembros presentes.

Por inasistencia notable podrá también declararlo cesante en la misma forma.

Al aceptar el cargo los Senadores y Diputados prestarán el juramento por Dios y la Patria de desempeñarlo fielmente.

Capítulo 5º

Atribuciones del Poder Legislativo

Art. 96. Corresponde al Poder Legislativo:

1º. Establecer los impuestos y contribuciones necesarias para los gastos del servicio público, debiendo estas cargas ser uniformes en toda la Provincia.

2º. Fijar anualmente el presupuesto de gastos y cálculos de recursos. La Ley del presupuesto será la base a que debe sujetarse todo gasto en la Administración General de la Provincia.

3º. Aprobar, observar o desechar anualmente las cuentas de inversión que le remitirá el Poder Ejecutivo del 1 al 15 de Enero, abrazando el movimiento administrativo hasta el 31 de Diciembre próximo anterior.

4º. Crear y suprimir empleos para la mejor administración de la Provincia, siempre que no sean de los establecidos por esta Constitución, determinando sus atribuciones, responsabilidades y dotación.

5º. Fijar las divisiones territoriales para mejor administración.

6º. Conceder indultos y acordar amnistías por delitos de sedición en la Provincia.

7º. Autorizar la reunión y movilización de las milicias o de parte de ellas en los casos en que la seguridad pública de la Provincia lo exija, y dictar todas las medidas convenientes al restablecimiento del orden dando cuenta inmediatamente al Gobierno Nacional.

8º. Conceder privilegios por un tiempo limitado a los autores o inventores, perfeccionadores y primeros introductores de nuevas industrias para explotarse sólo en la Provincia, sin perjuicio de las atribuciones del Gobierno General.

9º. Legislar sobre las tierras públicas de la Provincia, debiendo dictarse una ley general sobre la materia.

10º. Dictar leyes estableciendo los medios de hacer efectiva la responsabilidad de todos los recaudadores de rentas y Tesoreros de la Provincia y sus municipios.

11º. Dictar leyes estableciendo los medios de hacer efectivas las responsabilidades civiles de los funcionarios públicos.

12º. Aprobar o desechar los tratados que el Poder Ejecutivo celebre con otras Provincias.

13º. Admitir o desechar la renuncia que hiciere de su cargo el Gobernador y declarar el caso de procederse a nueva elección, por la renuncia o impedimento de aquel.

14º. Finalmente dictar todas aquellas leyes necesarias para mejor desempeño de las anteriores atribuciones y para todo asunto de interés público y general de la Provincia cuya naturaleza y objeto no corresponda privativamente a los Poderes Nacionales.

Capítulo 6º

Procedimiento Para la Formación de las Leyes

Art. 97. Toda ley puede tener principio en cualquiera de las Cámaras, excepto aquellas cuya iniciativa se confiere privativamente a la de Diputados.

Art. 98. Se propondrá en forma de proyecto por cualquiera de los miembros de cada Cámara y también por el Poder Ejecutivo.

Art. 99. Aprobado un proyecto por la Cámara de su origen, pasará para su revisión a la otra, y si esta también lo aprobase, se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Art. 100. Si la Cámara revisora modifica el proyecto que se le ha remitido, volverá a la iniciadora, y si esta aprueba las modificaciones pasará al Poder Ejecutivo.

Si las modificaciones fuesen rechazadas, volverá por segunda vez el proyecto a la Cámara revisora, y si ella no tuviese dos tercios para insistir prevalecerá la sanción de la iniciadora; pero si concurriesen dos tercios de votos para sostener las modificaciones, el proyecto pasará de nuevo a la Cámara de su origen, la que necesitará igualmente el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes para que su sanción se comunique al Poder Ejecutivo.

Si la Cámara revisora insistiese en sus modificaciones por unanimidad volverá el proyecto a la iniciadora. Si ésta lo rechaza también por unanimidad, se considerará rechazado el proyecto, y en caso contrario quedará sancionado con las modificaciones.

Art. 101. Ningún proyecto de ley rechazado totalmente por alguna de las Cámaras, podrá repetirse en las sesiones de aquel año.

Art. 102. El Poder Ejecutivo deberá promulgar los proyectos de ley sancionados, en los diez días de haberle sido permitidos por la Legislatura; pero podrá devolverlos con observaciones durante dicho plazo, y si una vez transcurrido no ha hecho la promulgación ni los ha devuelto con sus objeciones, serán ley de la Provincia, debiendo promulgarse en el día por el Poder Ejecutivo.

Art. 103. Si antes del vencimiento de los diez días hubiese tenido lugar la clausura de las Cámaras, el Poder Ejecutivo deberá dentro de dicho término remitir el proyecto vetado a la Secretaría de la Cámara de su origen, sin cuyo requisito no tendrá efecto el veto.

Art. 104. Devuelto un proyecto por el Poder Ejecutivo será reconsiderado primero en la Cámara de su origen, pasando luego a la revisora, y si ambas insisten en la sanción por el voto de dos tercios de sus miembros presentes, el proyecto será ley, y el Ejecutivo se hallará obligado a promulgarlo. En caso contrario no podrá repetirse en las sesiones de aquel año.

Art. 105. Si un proyecto de ley observado volviere a ser sancionado en uno de los dos períodos subsiguientes, el Poder Ejecutivo no podrá observarlo de nuevo, estando obligado a promulgarlo como ley.

Art. 106. En la sanción de las leyes se usará la siguiente fórmula:

El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Salta, sancionan con fuerza de Ley

Capítulo 7º

De la Asamblea General

Art. 107. Ambas Cámaras solo se reunirán para el desempeño de las funciones siguientes:

1º. Apertura y clausura de las sesiones.

2º. Para recibir el juramento de Ley al Gobernador de la Provincia.

3º. Para tomar en consideración la renuncia del mismo funcionario.

4º. Para verificar la elección de los miembros del Supremo Tribunal de Justicia, 1ª de Senadores al Congreso Nacional, y la de Vocales del Tribunal para el Juicio Político de los miembros del Poder Judicial.

5º. Para acordar la prórroga de sus sesiones ordinarias.

Art. 108. Todos los nombramientos que se defieren a la Asamblea General, deberán hacerse a mayoría absoluta de los miembros presentes.

Art. 109. Si hecho el escrutinio, no resulta una mayoría absoluta, deberá repetirse la votación contrayéndose a los dos candidatos que hubiesen obtenido más votos en la anterior, y en caso de empate, decidirá el Presidente con un segundo voto.

Art. 110. De las excusaciones de nombramientos hechos por la Asamblea; conocerá ella misma, procediendo según fuese su resultado.

Art. 111. Las reuniones de la Asamblea General serán presididas por el Presidente del Senado, y en su defecto, por el Presidente de la Cámara de Diputados.

Art. 112. No podrá funcionar la Asamblea sin la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara.

 

SECCION 4º

Poder Ejecutivo

Capítulo 1º

De su naturaleza y duración

Art. 113. El Poder Ejecutivo de la Provincia será desempeñado por un ciudadano con el título de Gobernador de la Provincia de Salta.

Art. 114. Para ser elegido Gobernador se requiere:

1º. Haber nacido en territorio Argentino, o ser hijo de ciudadano nativo si hubiese nacido en país extranjero.

2º. Pertenecer a la Comunión Católica Apostólica Romana.

3º. Tener por lo menos treinta años de edad: y

4º. Dos años de domicilio en la Provincia, con ejercicio de ciudadanía no interrumpida.

Art. 115. El Gobernador durará dos años en el ejercicio de sus funciones, y cesará en ellas en el mismo día en que expire el período legal, sin que evento alguno pueda motivar su prorrogación por un día más, ni tampoco que se le complete más tarde.

Art. 116. El Gobernador no podrá ser reelegido en el período siguiente a su elección.

Art. 117. Si ocurriese muerte, destitución, renuncia, enfermedad, suspensión o ausencia, las funciones de Gobernador serán desempeñadas por el presidente del Senado hasta que se haga una nueva elección en los tres primeros casos, o hasta que haya cesado la inhabilidad accidental en los tres últimos.

Art. 118. En los casos de muerte, destitución o renuncia del Gobernador el ciudadano en ejercicio del Poder Ejecutivo convocará al pueblo de la Provincia dentro de los ocho días de ocurrida la vacante, a practicar una nueva elección, la que no podrá recaer sobre dicho funcionario.

Art. 119. En los mismos casos en que el Presidente del Senado reemplaza al Gobernador, el Presidente de la Cámara de Diputados, reemplaza al del Senado en el ejercicio del Poder Ejecutivo.

Art. 120. En los casos en que el Gobernador, Presidente del Senado, y Presidente de la Cámara de Diputados; no pudiesen desempeñar las funciones del Poder Ejecutivo corresponden estas al Presidente del Superior Tribunal de Justicia.

Art. 121. El Gobernador residirá en la Capital de la Provincia, y no podrá ausentarse de ella por más de treinta días sin permiso de la Legislatura, y en ningún caso del territorio de la Provincia sin este requisito.

Art. 122. En el receso de las Cámaras sólo podrá ausentarse por un motivo urgente de interés público y por el tiempo indispensable dando cuenta a aquellas oportunamente.

Art. 123. Al tomar posesión del cargo, el Gobernador prestará juramento ante el Presidente de la Asamblea Legislativa en los términos siguientes:

Juro por Dios y la Patria y sobre estos Santos Evangelios, observar y hacer observar la Constitución de la Provincia y de la Nación, desempeñando con lealtad y honradez el cargo de Gobernador. Si así no lo hiciere, Dios y la Patria me lo demanden.

Art. 124. El Gobernador goza del sueldo que la ley determine, no pudiendo ser alterado en el período de su nombramiento. Durante este no podrá ejercer otro empleo ni recibir otro emolumento de la Nación o de la Provincia.

Capítulo 2º

Elección de Gobernador.

Art. 125. La elección de Gobernador se practicará por una Convención de Electores elegidos directamente por el pueblo del modo siguiente:

Seis meses antes de terminar el período gubernativo, el Poder Ejecutivo dando treinta días de término, convocará para esta elección al pueblo de la Provincia.

El número de Electores de Gobernador será igual a la totalidad de Senadores y Diputados de la Provincia, elegidos en la misma forma que estos en los distritos electorales en que se divida la Provincia.

Cada sección electoral remitirá dos actas de la elección, con los registros y las protestas, si las hubiese, una al Presidente del Senado y otra al Gobernador de la Provincia.

Treinta días después de la elección, reunidas por lo menos las dos terceras partes de las actas electorales, tomando por base la totalidad de secciones, se hará el escrutinio de votos por la Cámara de Senadores. Esta remitirá al Poder Ejecutivo una acta autorizada de la sesión, para que haga saber su nombramiento a los que hubiesen resultado con mayoría.

Art. 126. Si no hubiese sido posible obtener las dos terceras partes de actas por no haberse practicado la elección en algunas secciones, el Presidente de dicha Cámara lo comunicará inmediatamente al Poder Ejecutivo para que dando el tiempo necesario, convoque nuevamente a elección a las secciones que no la hubiesen verificado.

Art. 127. Treinta días después de hecho el escrutinio y comunicado el nombramiento a los ciudadanos que hubiesen obtenido mayoría, se reunirán estos en sesión preparatoria en el local de sesiones de la Asamblea Legislativa, para resolver como Juez único, sobre la validez de las elecciones respectivas, a cuyo efecto el Presidente de la Asamblea Legislativa remitirá las actas originales con los registros y las protestas que se hubiesen acompañado.

Art. 128. La Convención Electoral se expedirá dentro de diez días contados desde su primera reunión, en el examen de las actas.

Art. 129. Si del juicio pronunciado en el examen de actas resultare que no había dos terceras partes de electores legalmente nombrados, se procederá según lo prescrito en el art. 126 decretándose nuevas elecciones donde hubiesen sido anuladas.

Art. 130. Ocho días después de terminado definitivamente el examen de las actas, se reunirá la Convención Electoral en la capital de la Provincia y en el local designado, necesitando para funcionar dos terceras partes de los electores. Nombrará en su seno un Presidente y dos Secretarios, y procederá, cada convencional a nombrar Gobernador por cédulas firmadas, expresando la persona por quien vota para Gobernador.

El Presidente de la Convención nombrará cuatro de sus miembros para que reunidos a los dos Secretarios, practiquen el escrutinio, cuyo resultado, comunicarán al Presidente, quien anunciará a la Asamblea el número de votos que haya obtenido cada candidato y el nombre de los Electores que hubiesen votado por él.

El que obtuviera mayoría absoluta de sufragios, con relación al número de Electores presentes, será inmediatamente proclamado por el Presidente de la Convención, Gobernador de la Provincia.

Art. 131. Si por dividirse la votación no hubiere mayoría absoluta a favor de ningún candidato se repetirá la votación entre los que hubiesen obtenido la primera y segunda mayoría.

En los casos de empate se repetirá la votación y si resultare nuevo empate decidirá el Presidente de la Convención con un segundo voto.

Art. 132. El nombramiento de Gobernador se terminará en una sola sesión comunicándose inmediatamente al Gobernador cesante y al Presidente de la Asamblea Legislativa, con copia autorizada del acta de sesión a fin de que sea comunicado al electo.

Art. 133. El Gobernador electo deberá comunicar a la Convención electoral su aceptación del cargo a la mayor brevedad posible.

La Convención conocerá en las excusaciones que presente el nombrado antes de tomar posesión del cargo, y en caso de aceptarlas procederá inmediatamente a hacer una nueva elección.

Una vez en posesión, corresponde a la Asamblea Legislativa conocer de las renuncias del Gobernador.

Art. 134. Declarado el caso de proceder a nueva elección el ciudadano en ejercicio del Poder Ejecutivo convocará al pueblo de la Provincia con arreglo a lo establecido en esta Constitución, para la nueva elección del Colegio Electoral que debe verificar el nombramiento de Gobernador.

Art. 135. Para ser miembro de la Convención Electoral, se exige los mismos requisitos que para ser Diputado.

Art. 136. No podrán ser electores los miembros del Poder Legislativo de la Provincia ni los empleados a sueldo de ella o de la Nación.

Art. 137. El elector que sin causa justificada puesta oportunamente en conocimiento de la Convención no asistiese a desempeñar su mandato en el día fijado, incurrirá en una multa de doscientos pesos fuertes o un mes de prisión. El Presidente de la Convención hará saber al Poder Ejecutivo quienes sean los que se encuentren en este caso, a fin de que se haga efectiva la pena.

Art. 138. El cargo de Elector es irrenunciable, excepto el caso de enfermedad o ausencia de la Provincia. La Convención resolverá sobre la renuncia de sus miembros por simple mayoría. Podrá reunirse en minoría para compeler con multas a los inasistentes que no se hubieren presentado a tercera citación.

Art. 139. Los Electores gozan de las mismas inmunidades que los miembros de la Legislatura, desde el día de su nombramiento hasta el de su cese.

Capítulo 3º

Atribuciones del Poder Ejecutivo.

Art. 140. El Gobernador es el Jefe de la administración y tiene las siguientes atribuciones:

1º. Promulgar y hacer ejecutar las leyes de la Provincia, facilitando su cumplimiento por reglamentos y disposiciones especiales que no alteren su espíritu.

2º. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, teniendo el derecho de iniciarlas por proyectos presentados a las Cámaras y de tomar parte de su discusión, por medio de sus Ministros.

3º. El Gobernador podrá conmutar la pena capital, después de la condena definitiva de los Tribunales, previo informe motivado del Tribunal Superior correspondiente sobre la oportunidad y conveniencia de la conmutación. Puede asimismo indultar o conmutar la pena impuesta por delitos políticos y ordenar el sobreseimiento de la causa.

El Gobernador no podrá ejercer esta atribución cuando se trate de delitos en que el Senado conoce como Juez y de aquellos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.

4º. Ejerce el derecho de patronato en la parte no delegada a la Nación.

5º. Instruye a las Cámaras a la apertura de sus sesiones, del estado general de la Administración; y los Ministros presentan además una memoria detallada de los negocios de sus respectivos Departamentos.

6º. Expide las órdenes convenientes para toda elección popular en la oportunidad debida, y no podrá por motivo alguno diferirlas sin acuerdo de las Cámaras.

7º. Convoca a sesiones extraordinarias a la Legislatura o a cualquiera de las Cámaras, cuando lo exija un grande interés público, salvo el derecho del cuerpo convocado para apreciar y decidir después de reunido, sobre los fundamentos de la convocatoria.

8º. Hace recaudar las rentas de la Provincia, debiendo los funcionarios encargados de la recaudación ejecutar administrativamente el pago, quedando libre al contribuyente su acción de ocurrir a los Tribunales para la decisión del caso previa constancia de haber pagado.

9º. Decreta la inversión de la renta con arreglo a las leyes debiendo hacer público mensualmente el estado de la Tesorería.

10º. Celebra y forma tratados parciales con otras Provincias para fines de Administración de Justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común con la aprobación del Poder Legislativo y dando conocimiento al Congreso Federal.

11º. Es el Comandante en Jefe de las milicias de la Provincia con excepción de aquella que hayan sido movilizadas para objetos Nacionales.

12º. Moviliza la milicia provincial en caso de conmoción interior con autorización de la Legislatura y por sí sólo durante el receso, dándole cuenta en las próximas sesiones y haciéndolo inmediatamente a la autoridad nacional.

13º. Puede ordenar arrestos o detenciones con la limitación del artículo 16; y previene las conspiraciones y tumultos, por todos los medios que no le estén expresamente prohibidos por esta Constitución y Leyes vigentes.

14º. Decreta la movilización de la Guardia Nacional en los casos previstos por el inciso vigésimo cuarto artículo sesenta y siete de la Constitución Nacional.

15º. Expide los despachos de Jefes y Oficiales de las milicias hasta el grado de Teniente Coronel por sí solo. Para el de Coronel se requiere el acuerdo del Senado.

16º. En el receso de las Cámaras puede decretar nombramientos en comisión para llenar las vacantes de los empleados que requieran el acuerdo de aquellas, y dichos nombramientos cesarán treinta días después de abiertas las sesiones ordinarias.

17º. Es agente inmediato y directo del Gobierno Nacional para hacer cumplir en la Provincia la Constitución y las Leyes de la Nación.

18º. Tiene el deber de prestar el auxilio de la fuerza pública a los Tribunales de Justicia, a las Cámaras Legislativas, a las Municipalidades y Tribunales eclesiásticos conforme a la Ley.

19º. Da cuenta a las Cámaras Legislativas del estado de la hacienda pública y de la inversión dada a los fondos votados en el año precedente, remitiendo en el mes de Octubre los Presupuestos de la Administración y leyes de recursos par el siguiente año.

20º. No podrá acordar goce de sueldo o pensión sino por algunos de los títulos que las leyes determinen.

21º. En ningún caso el Gobernador de la Provincia puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas.

22º. Nombra con acuerdo del Senado los Ministros de su despacho, sin que para su exoneración sea necesario dicho acuerdo.

Art. 141. No puede expedir órdenes ni decretos sin la firma del Ministro respectivo. Podrá no obstante en caso de acefalía de Ministro autorizar por un decreto al Oficial Mayor para refrendar sus actos, quedando éste sujeto a las responsabilidades de los Ministros.

Capítulo 4º

De los Ministros Secretarios del Despacho

Art. 142. El despacho de los negocios administrativos de la Provincia, estará a cargo de uno o dos Ministros Secretarios, y una Ley especial deslindará los ramos y las funciones adscriptas al despacho de cada uno de los Ministerios.

Art. 143. Para ser nombrado Ministro se requiere las mismas condiciones que esta Constitución determina para ser elegido Senador.

Art. 144. Los Ministros despacharán de acuerdo con el Gobernador y refrendarán con su firma las resoluciones de éste, sin cuyo requisito no tendrán efecto ni se les dará cumplimiento.

Podrán no obstante expedirse por sí solos en todo lo referente al régimen económico de sus respectivos Departamentos y dictar resoluciones de trámite.

Art. 145. Serán responsables de todas las órdenes y resoluciones que autoricen, sin que puedan salvar su responsabilidad por haber procedido en virtud de orden del Gobernador.

Art. 146. En los treinta días posteriores a la apertura del período Legislativo, los Ministros presentarán a la Asamblea la memoria detallada del estado de la Administración correspondiente a cada Ministerio, indicando en ellas las reformas que más aconsejen la experiencia y el estudio.

Art. 147. Los Ministros pueden concurrir a las sesiones de las Cámaras y tomar parte en las discusiones, pero no tendrán voto.

Art. 148. Gozarán de un sueldo establecido por la Ley, que no podrá ser alterado a favor o en perjuicio de los que se hallan en ejercicio.

Art. 149. Los Ministros Secretarios no podrán ser elegidos para desempeñar el cargo de Gobernador en el período siguiente a aquel en que hubiesen servido el de Ministro.

Capítulo 5º

Responsabilidad del Gobernador y de los Ministros

Art. 150. El Gobernador y los Ministros son responsables y pueden ser acusados ante el Senado, en la forma establecida en la Sección del "Poder Legislativo" por las causas que determina el inciso 2º del artículo 70 de esta Constitución y por abuso de su posición oficial para realizar especulaciones de comercio.

Capítulo 6º

Del Tesorero Colector General

Art. 151. El Colector General será nombrado en la forma prescripta en el artículo 80, y durará dos años pudiendo ser reelecto.

Art. 152. El Tesorero Colector no podrá ejecutar pago alguno que no sea arreglado a la Ley general del presupuesto o leyes especiales.

Art. 153. Durante el período de su nombramiento no podrá ser removido de su empleo sino por sentencia de Juez competente.

SECCION 5º

Del Poder Judicial

Art. 154. El Poder Judicial de la Provincia será ejercido por una Suprema Cámara de Justicia, y por los demás Tribunales inferiores que la Ley establezca.

Art. 155. La Suprema Cámara será compuesta de tres Jueces y un Fiscal General. Sólo en los casos en que conforme a la Ley, hubiere de conocer en tercera instancia, se integrará con cuatro miembros más según las reglas que prescriba la Legislatura.

Capítulo 1º

Atribuciones del Poder Judicial

Art. 156. Corresponde a la Suprema Cámara y a los Tribunales inferiores el conocimiento y decisión de las causas civiles y criminales que se susciten en la Provincia, sin más excepción que la de aquellas que la Constitución y Leyes Nacionales declaren corresponder privativa y exclusivamente a la Jurisdicción Federal.

Art. 157. Los Tribunales y Juzgados de la Provincia en el ejercicio de sus funciones procederán aplicando la Constitución y Leyes Nacionales; esta Constitución, los Tratados Provinciales y las Leyes que haya sancionado o sancionare la Legislatura.

Art. 158. La Suprema Cámara ejercerá siempre sus atribuciones por apelación, queja, consulta u otros recursos. Sólo decidirá en única instancia las causas contencioso- administrativas, previa denegación de la autoridad administrativa competente al reconocimiento de los derechos que se gestionan por parte interesada. La Ley determinará el plazo dentro del cual podrá deducirse la acción ante la Cámara y los demás procedimientos de este juicio.

Art. 159. El voto de la mayoría absoluta de sus miembros hará sentencia; pero para la aplicación de la pena capital se requiere la unanimidad de votos.

Art. 160. Corresponde a la Cámara Suprema tomar el examen de abogado y otorgar el diploma a los que se presenten a solicitarlo con grados universitarios y certificados académicos por haber hecho su práctica forense.

Art. 161. La Cámara Suprema ejerce inspección de disciplina sobre todos los Juzgados inferiores: decide de las competencias de Jurisdicción ocurridas entre las magistraturas de su inspección, entre estas y los funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial y entre la autoridad civil y la eclesiástica: hace su reglamento interno y el de los Juzgados inferiores, y puede establecer las medidas puramente disciplinarias que considere conveniente a la mejor administración de Justicia.

Art. 162. La Ley, establecerá en la Provincia los Juzgados de 1º Instancia en lo Civil, Comercial, del Crimen y Juzgados de Paz que consideren necesarios; determinará los límites de su jurisdicción territorial y las materias de su competencia respectiva.

Capítulo 2º

Elección y Duración de los Miembros del Poder Judicial

Art. 163. Los Magistrados de la Suprema Cámara de Justicia serán nombrados por la Legislatura en Asamblea General y a mayoría absoluta de votos de los miembros presentes; y no existiendo esta se procederá de la misma manera que se establece para la elección del Gobernador en el artículo 131. Los Jueces de 1º Instancia y los Agentes Fiscales serán nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senador. Los Jueces de Paz serán nombrados por el mismo, de una terna que presentará la Municipalidad del Distrito.

Art. 164. Los Magistrados de la Suprema Cámara, los Jueces inferiores y los Agentes Fiscales no podrán ser removidos durante el período para el que sean nombrados, sino en virtud de sentencia fundada en Ley, pronunciada por el Tribunal competente. Pueden ser reelegidos indefinidamente y gozarán por sus servicios una compensación que determinará la Ley, la cual no podrá ser disminuida en perjuicio de los que estuvieren en ejercicio.

Art. 165. Los Vocales de la Cámara y el Fiscal serán nombrados por un período de 6 años; pero aquellos se renovarán por terceras partes cada dos años, debiendo designarse por la suerte los salientes en el primero y segundo bienio.

Art. 166. Los Jueces de 1º Instancia y los Agentes Fiscales, serán nombrados por cuatro años desde el día de su nombramiento, aunque fuere en reemplazo de otros cuyo período hubiese transcurrido en parte.

Art. 167. Los Jueces de Paz serán elegidos por el término de un año, pero continuarán ejerciendo sus funciones hasta que se reciba el nuevamente nombrado. En la capital prestarán juramento ante el Presidente de la Cámara y en los Departamentos, ante el de la Municipalidad respectiva.

Art. 168. Para ser Vocal o Ministro Fiscal de la Cámara de Justicia, se requiere título o diploma de abogado, acordado por autoridad competente: cinco años por lo menos en el ejercicio de la abogacía, o tres en la magistratura u otro empleo judicial: tener menos de setenta años y las demás condiciones exigidas para ser Senador.

Art. 169. Para ser elegido Juez Letrado de los Tribunales inferiores, se requiere el título de abogado; haber ejercido tres años de abogacía o desempeñado durante dos algún empleo judicial y tener además las condiciones que se requieren para ser Diputado. Para ser Juez de Paz solo se requiere ciudadanía en ejercicio, domicilio en el Distrito y veinticinco años de edad por lo menos.

Art. 170. Para ser Agente Fiscal es necesario título o diploma de abogado, ser ciudadano en ejercicio y tener veintidós años por lo menos de edad.

Art. 171. Los Magistrados de las Cámaras prestarán juramento ante su Presidente, de desempeñar fielmente el cargo. El Presidente lo prestará la primera vez ante el Gobernador de la Provincia, y en lo sucesivo ante la misma Cámara.

Los demás Jueces y Agentes Fiscales prestarán igual juramento ante el Presidente del Superior Tribunal.

Art. 172. Los miembros del Poder Judicial pueden ser personalmente recusados. La Ley determinará las causales de recusación, las calidades que deben tener los que reemplacen a los Jueces recusados o impedidos y el modo y forma de su nombramiento.

Art. 173. Los demás funcionarios que intervienen en los juicios, serán nombrados por la Suprema Cámara. La Ley de procedimientos determinará la extensión de sus funciones y el tiempo de su duración.

Capítulo 3º

Responsabilidad de los miembros del Poder Judicial

Art. 174. Los miembros del Poder Judicial pueden ser acusados por cualquiera del pueblo por delitos o faltas cometidas en el desempeño de sus funciones ante un Tribunal compuesto de cuatro Diputados y tres Senadores, entre los que deberá haber dos letrados, y cuando no los haya se integrará con abogados que tengan las condiciones necesarias para ser elegidos miembros de la Legislatura.

Art. 175. Este Tribunal político será elegido en el mes de Diciembre de cada año por la Asamblea Legislativa en la forma prescripta en los artículos 108 y 109 de esta Constitución. Los elegidos prestarán juramento de desempeñar fielmente el cargo, ante el Presidente del Senado y procederán enseguida a elegir de entre ellos su Presidente.

Art. 176. El Juez acusado quedará suspendido en sus funciones, desde el día en que el Tribunal admita la acusación.

Art. 177. El Tribunal dará su veredicto declarando culpable o no culpable del hecho o hechos que se imputen al acusado.

Art. 178. Pronunciado el veredicto de culpabilidad, se remitirá la causa al Juez ordinario competente para que aplique la Ley Penal.

Art. 179. La Ley señalará los delitos y faltas de los Jueces acusables ante el Tribunal Político y reglamentará el procedimiento que ante él debe observarse.

Art. 180. Los Jueces acusados de delitos ajenos a sus funciones, serán juzgados en la misma forma que los demás habitantes de la Provincia, quedando suspendidos desde el día en que se haga lugar a la acusación.

SECCION 6º

Del Régimen Municipal

Art. 181. El territorio de la Provincia se dividirá en Distritos para su administración interior, que estará a cargo de Municipalidades cuyos miembros durarán dos años en sus funciones, renovándose en la forma establecida para los Diputados. Serán nombrados directamente por el pueblo del Distrito y podrán ser reelectos indefinidamente.

Art. 182. La Legislatura determinará las condiciones, la extensión y distribución del Régimen Municipal ajustándose en lo posible a las bases siguientes:

1º. Toda Municipalidad tendrá un departamento ejecutivo encargado exclusivamente de cumplir y llevar a efecto las disposiciones de aquella, ante la cual será responsable, rindiendo cuenta de su administración, sin perjuicio de las responsabilidades a que está sujeto ante la justicia ordinaria del país, individual o colectivamente, según que los actos abusivos o refractarios de la ley hubieran sido acordados o ejecutados por todos o por algunos de sus miembros.

2º. El número de miembros de cada Municipalidad se fijará en la proporción siguiente:

7 en los Distritos de 2000 a 5000 habitantes.

11 " " " " 5001 a 10000 habitantes.

15 " " " " 10001 a 20000 habitantes.

19 " " " " 20001 a 40000 habitantes.

23 " " " " 40001 a 70000 habitantes.

27 " " " " 70001 a 100000 habitantes.

y cuatro municipales por cada 30000 habitantes que exceda del número de cien mil.

3º. Serán electores los que lo sean de Diputados, estando inscriptos en el Registro Cívico del Municipio, y además los extranjeros mayores de 22 años domiciliados en él, que paguen impuesto directo, sepan leer y se inscriban en un registro especial que estará a cargo de la Municipalidad.

4º. Serán elegibles todos los ciudadanos mayores de 25 años, vecinos del distrito con 6 meses de domicilio anterior a la elección, que sepan leer y escribir; y si son extranjeros que además de estas condiciones, paguen una contribución directa o en su defecto ejerzan alguna profesión liberal.

5º. Las funciones municipales serán carga pública de las que nadie podrá excusarse, sino por excepción fundada en la ley de la materia.

Art. 183. Son atribuciones inherentes al Régimen Municipal las siguientes:

1º. Juzgar de la validez o nulidad de las elecciones de sus miembros y convocar a los electores del Distrito para llenar las vacantes de aquellos.

2º. Elegir de entre sus miembros o de fuera, los que deben formar el Departamento ejecutivo, y nombrar los demás funcionarios municipales.

3º. Tener a su cargo las obras de ornato y salubridad, los establecimientos de educación y beneficencia, los asilos de inmigrantes que sostenga la Provincia, los caminos y vías públicas, el servicio y distribución de las aguas y demás objetos propios de su institución.

4º. Votar anualmente su presupuesto de gastos y los recursos para costearlos, estableciendo impuestos sobre los ramos y materias de su incumbencia.

5º. Recaudar sus impuestos, administrar libremente los bienes raíces municipales, con facultad de enajenar, tantos estos, como separadamente los diversos ramos de las rentas del año corriente y examinar y resolver sobre las cuentas del año vencido.

Art. 184. Las atribuciones expresadas tienen las siguientes limitaciones:

1º. Dar publicidad por la prensa a todos sus actos, reseñándolos en una memoria anual en la que se hará constar detalladamente la percepción e inversión de sus rentas.

2º. La convocatoria de los electores para toda elección municipal deberá hacerse con ocho días de anticipación por los menos y publicarse suficientemente.

3º. Toda creación o aumento de impuestos necesita ser sancionado a mayoría absoluta de votos por el Consejo aumentado para ese acto con un número igual al que lo componga, de los contribuyentes mayores en el Municipio.

4º. No se podrá contraer empréstitos fuera de la Provincia, ni enajenar ni gravar los edificios municipales sin autorización previa la Legislatura. Los empréstitos se votarán con la misma garantía establecida para el aumento de impuestos.

5º. Siempre que se haga uso del crédito será para obras señaladas de mejoramiento o para casos eventuales y se votará una suma anual para el servicio de la deuda.

6º. Las enajenaciones sólo podrán hacerse en remate público, anunciando con un mes de anticipación.

7º. Las obras públicas deberán sacarse siempre a licitación.

Art. 185. Las Municipalidades pasarán anualmente al Poder Ejecutivo la memoria de que habla el inciso 1º del artículo 184 y estarán sujetas a su inspección y vigilancia en los ramos de su administración para el sólo efecto de hacer efectiva su responsabilidad ante la justicia ordinaria, sin perjuicio de la acción que tiene al mismo fin cualquiera del pueblo.

Art. 186. Los Cuerpos Municipales, los miembros de éstos y los funcionarios nombrados por ellos están sujetos a las responsabilidades siguientes:

1º. Los Cuerpos Municipales responden ante los tribunales ordinarios de sus omisiones y de sus transgresiones a la Constitución y a las leyes: la ley de la materia señalará la sanción penal de esta transgresión.

2º. Los miembros de los Cuerpos Municipales y los demás funcionarios municipales responden personalmente, no sólo de cualquier acto definido y penado por ley, sino también de los daños y perjuicios que provengan de la falta de cumplimiento de sus deberes.

3º. Los miembros de los Cuerpos Municipales están sujetos a destitución por mala conducta o despilfarro notorio de los fondos municipales, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o criminales en que incurran por estas causas. La ley de la materia determinará el procedimiento que debe observarse en esta clase de juicios.

Art. 187. Los decretos, ordenanzas, impuestos y demás disposiciones de las Municipalidades, son obligatorios, en cuanto no afecte los derechos garantidos por la Constitución Nacional o Provincial, por el código civil o por las Leyes de la Nación o de la Provincia. La parte que se considere damnificada puede demandar el restablecimiento y reaparición de la ley infringida.

Art. 188. Cuando la acción se deduzca contra la legalidad de una ordenanza municipal, el pleito será contencioso administrativo, y su fallo corresponde al Tribunal Superior de Justicia. En todos los demás casos en que los actos de las Municipalidades, obrando como personas jurídicas dieren origen a acciones civiles serán judiciables ante los jueces respectivos como cualquiera otra persona civil.

SECCION 7º

Educación Común

Art. 189. La Legislatura dictará las leyes necesarias para establecer y organizar un sistema de educación común. Las leyes que organicen y reglamenten la educación deberán sujetarse a las reglas siguientes:

1º. La educación común es gratuita y obligatoria, en las condiciones y bajo las penas que la ley establezca.

2º. La administración general de las escuelas comunes y su dirección facultativa, serán confiadas a un Departamento de Instrucción Pública en el Poder Ejecutivo, y a un Inspector General, cuyas respectivas atribuciones serán determinadas por la ley.

3º. El Inspector General de Escuelas será nombrado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado: es miembro nato del Departamento de Instrucción Pública y durará dos años en sus funciones, pudiendo ser reelecto.

4º. El Departamento de Instrucción Pública se compondrá del número de miembros que la ley determine, siendo su Presidente el Secretario General de Gobierno. La elección de aquellos se hará por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados, y se renovará anualmente por mitad siendo permitida la reelección.

5º. La administración local y el Gobierno inmediato de las escuelas comunes en cada Municipio de la Provincia estará a cargo de sus respectivas Municipalidades, quienes en la materia son dependientes del Poder Ejecutivo.

6º. Se establecerá contribuciones y rentas propias de la educación común, que aseguren en todo tiempo recursos suficientes para su sostén, difusión y mejoramiento.

SECCION 8º

Reforma de la Constitución

Art. 190. Esta Constitución podrá reformarse en todo o en parte por una Convención ad hoc, cuando dos tercios de votos de cada Cámara Legislativa lo declaren necesario.

Art. 191. En el caso de declararse necesario la reforma de parte o del todo de esta Constitución, el Presidente del Senado lo comunicará al Poder Ejecutivo, para que proceda a convocar una Convención, que se compondrá de tantos miembros cuantos sean los que forman las Cámaras Legislativas los cuales serán elegidos del mismo modo, por los mismos electores y en los mismos distritos que los Senadores y Diputados, debiendo tener las mismas calidades que éstos pero no es incompatible el cargo con ningún otro empleo público.

Art. 192. Esta Convención se reunirá tres meses después de hecha la convocatoria a elecciones de sus miembros, con el objeto expresado en la sanción Legislativa y lo que ella resuelva por mayoría del quórum de uno sobre la mitad será promulgado como la expresión de la voluntad del pueblo.

Art. 193. Reunida la Convención en sesión preparatoria en quórum legal, conocerá como Juez único sobre la legalidad de la elección de sus miembros. Aprobadas las actas nombrará su Presidente y Vice, prestando aquel el juramento de desempeñar fielmente el cargo, ante la Asamblea, reunida, y lo tomará después a cada uno de sus miembros.

SECCION 9º

Disposiciones Transitorias

Art. 194. Los funcionarios existentes al promulgarse esta Constitución, seguirán en el desempeño de sus cargos hasta que éstos sean provistos según la forma que en ella se establece.

Art. 195. Promulgada la Constitución, la Legislatura existente procederá a la brevedad posible a dictar la ley dividiendo la Provincia en Secciones Electorales para la elección de Senadores y Diputados, distribuyendo el número que de unos y otros corresponda a cada sección con arreglo a lo establecido en los artículos 44 y 73 de esta Constitución, y bajo la base del censo Nacional de 1869. Dictará igualmente la Ley general de elecciones.

Art. 196. Promulgadas las leyes de que habla el artículo anterior, el Poder Ejecutivo convocará al pueblo de la Provincia con la anticipación conveniente para las elecciones generales del primer Domingo de Agosto del corriente año, en las que deberán observarse todas las prescripciones de esta Constitución y para renovar el cuerpo legislativo bajo las bases que ella sanciona, la Legislatura actual terminará su mandato el día 1º de Octubre de 1875.

Art. 197. Si la actual Legislatura no dictare la ley de elecciones hasta el día 31 del presente Enero, el Poder Ejecutivo queda autorizado para ordenar que ellas se practiquen en el día que fija esta Constitución, en la forma siguiente:

Seis Diputados por la Capital, dos por cada uno de los Departamentos del Rosario de Lerma, Rosario de la Frontera, Molinos, San Carlos y Orán; y uno por cada uno de los quince Departamentos restantes en que está dividida la Provincia. Tres Senadores por la capital; uno por cada uno de los Departamentos del Rosario de Lerma, Rosario de la Frontera, Metán, Molinos, San Carlos, Orán, Cerrillos y Anta, y uno por la Caldera, y Campo Santo que formarán una sección Senatorial, así como Chicoana con la Viña, Guachipas con Cafayate, Iruya con Santa Victoria, Cachi con la Poma y Candelaria con Rivadavia, por cada uno de los cuales se nombrará también un Senador.

Art. 198. Dicha elección se hará con arreglo a la Ley actual de elecciones, exceptuando la formación de las mesas escrutadoras, las que serán nombradas de conformidad a lo establecido en el artículo 50 de esta Constitución para cuyo efecto, la Junta Central se reunirá por lo menos treinta días antes, y practicará el sorteo, haciendo una insaculación de un doble número de ciudadanos que los que la ley exige para escrutadores propietarios y suplentes.

Art. 199. La intervención de cada una de las Cámaras Legislativas para prestar su acuerdo a los nombramientos que tienen este requisito, empezará a hacerse efectiva desde la instalación de la nueva Legislatura en Octubre del presente año.

Art. 200. Dicha Legislatura hará en sus sesiones ordinarias el nombramiento de los magistrados de la Suprema Cámara; y hasta tanto que se dicte la ley orgánica de los Tribunales de Justicia, y la reglamentaria de su procedimiento, el Poder Ejecutivo procederá a nombrar, con acuerdo del Senado los cuatro conjueces que deben integrar la Suprema Cámara para conocer en 3º Instancia. Este Tribunal así integrado resolverá en grado de apelación: 1º. De la aplicabilidad de la Ley fundamental de la sentencia, a la cuestión que por ella se decide, cuando esta fuere revocatoria, y 2º. De la nulidad de las sentencias de la Cámara por infracción de ley expresa y terminante o violación de las formas sustanciales del juicio. En estos casos el recurso se decidirá con la sola vista de autos y el informe verbal o escrito de los interesados.

Art. 201. En las causas contencioso- administrativas, la acción se deducirá ante la Cámara de Justicia en el perentorio término de quince días contados desde la fecha en que la autoridad administrativa hizo saber su resolución a la parte interesada.

Art. 202. Mientras no se dicten las citadas leyes, la Cámara de apelación y Jueces de 1º Instancia seguirán conociendo de todas las causas sujetas a su jurisdicción, con arreglo a las leyes vigentes, y observarán el mismo procedimiento actual en cuanto no se oponga a esta Constitución.

Art. 203. Lo dispuesto en los tres artículos anteriores sólo regirá hasta que se dicten las leyes orgánicas de Tribunales y reglamentaria de procedimiento. Dichas leyes deberán dictarse por la actual Legislatura hasta el 1º de Octubre del presente año: si no lo hiciere, serán sancionadas por la que se instale en dicho Octubre en sus sesiones ordinarias, y si no lo efectuare en dicho período, el Poder Ejecutivo someterá los proyectos comprensivos de dichas leyes a la sanción de la Legislatura de 1876, a la apertura de sus sesiones.

Art. 204. La organización Municipal seguirá bajo las bases vigentes hasta que la Legislatura dicte la Ley orgánica con arreglo a esta Constitución.

Art. 205. El primer período gubernativo bajo la forma electoral que se establece en esta Constitución, empezará el día 9 de Julio de 1877.

Art. 206. Quedan derogadas todas las leyes que fueren contrarias a la presente Constitución.

Art. 207. firmada esta Constitución por el Presidente, Secretario y Diputados, y refrendada con el sello de la Convención, se pasará en copia legal al Poder Ejecutivo para que la promulgue solemnemente en toda la Provincia el 20 de Febrero próximo.

Dada en la Sala de la Convención Constituyente en Salta a 27 días del mes de Enero del año del Señor, mil ochocientos setenta y cinco.

Segundo D. Bedoya

Presidente

Vicente Anzoátegui

Vice 1º

Benedicto Fresco

Vice 2º

Aristides López

Diputado Secretario de la H.C.

Benjamín Valdés, Diputado por la Capital.

Anacleto Toranzos, Diputado por la Capital.

Saturnino S. Miguel, Diputado por la Capital.

Deán Genaro Feijoo, Diputado por la Capital.

Juan A. Uriburu, Diputado por la Capital.

Victoriano M. Solá, Diputado por la Capital.

Pedro Martinez, Diputado por Orán

Samuel Uriburu, Diputado por Orán.

Salustio Lacroix, Diputado por Orán.

Federico Uriburu, Diputado por Iruya.

Francisco Alvarez, Diputado por Santa Victoria.

Belisario Sosa, Diputado por Santa Victoria.

Alejandro Figueroa, Diputado por Campo Santo.

Marcos Figueroa, Diputado por Campo Santo.

Wenceslao Gorriti, Diputado por la Caldera.

Mariano Zorriguieta, Diputado por la Caldera.

Miguel Aráoz, Diputado por Rosario de Lerma.

Mariano Cornejo, Diputado por Rosario de Lerma.

Justiniano Echenique, Diputado por la Viña.

José T. Correa, Diputado por Guachipas.

Salustiano Zambrano, Diputado por Guachipas.

David Apatie, Diputado por la Poma.

Fancisco Ugarriza, Diputado por Cachi.

Galación López, Diputado por Cachi.

Angel Zerda, Diputado por Molinos.

Pedro F. Cornejo, Diputado por Molinos.

Eladio López, Diputado por Cafayate.

Adrián Cornejo, Diputado por Metán.

José Uriburu, Diputado por Metán.

José M. Todd, Diputado por Rosario.

Juan M. Leguizamón, Diputado por Rosario.

Juan Cornejo, Diputado por Anta.

Pio Uriburu, Diputado por Anta.

Juan N. Uriburu, Diputado por Candelaria.

Delfín Leguizamón, Diputado por Candelaria.

Federico Ybarguren, Diputado por Chicoana.

David Saravia, Diputado por San Carlos.

Es copia.

Aristides Lopez

Secretario

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Número 18

El Gobierno de la Provincia

DECRETA:

Art. Unico. Promúlguese como Ley Fundamental en todo el territorio de la Provincia la Presente Constitución, reformada por la H. Convención Constituyente a los veintisiete días del presente mes: imprímase en número suficiente de ejemplares, distribúyase entre todos los empleados civiles y militares; publíquese solemnemente por bando en todo el territorio de la Provincia el día 20 de Febrero próximo e insértese en el Registro Oficial.

Salta, Enero 29 de 1875.

J. PABLO SARAVIA

LISANDRO ASTIGUETA

Secretario interino

Es copia.

Federico Stuar

Oficial Mayor


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